El Equipo
Argentino de Antropología Forense (EAAF)
anunció la restitución de 300
cuerpos NN, pertenecientes a desaparecidos,
ubicados en 15 enterramientos comunes de distintos
lugares del país. Este año se
restituyeron 50 cuerpos, el ultimo fue el
de María Cristina Lanzillotto, cuyos
restos se hallaron en la fosa común
del cementerio de Avellaneda, donde los antropólogos
llevan identificado un total de 20 personas.
Pero aún hay tareas pendientes, como
el reconocimiento de otros 600 restos de cuerpos
exhumados y bajo análisis.
El Equipo Argentino de
Antropología Forense es una organización
científica no gubernamental formada
en 1984 para investigar los casos de personas
desaparecidas en Argentina durante la última
dictadura. Desde 1986, expandió su
trabajo a otros 30 países, como Angola,
Bolivia, Bosnia, Brasil, Chile, Colombia,
Croacia, la República Democrática
del Congo y El Salvador, entre muchos otros.
Desde sus orígenes,
el EAAF empezó a trabajar con una base
de datos propia, la que en este momento suma
unas diez mil personas identificadas por nombre
y apellido, sobre 300, de las cuales lograron
restituir los restos.
Durante estos años
el listado del EAAF cumplió una misión
simbólica y política a la vez:
reemplazó entre los antropólogos
la idea de “los desaparecidos” por
la idea de víctimas efectivamente muertas.
Según Luis Fondebrider, integrante
del equipo, ese problema se originó
en los ’80, cuando nadie hablaba de las
muertes porque aún había expectativas
de sobrevida. “Pero si las personas no
están vivas –insiste–, están
muertas, no existe el limbo: en algún
lado están.”
En los últimos años
de trabajo los antropólogos concentraron
sus excavaciones en los cementerios o enterramientos
públicos de distintos lugares del país.
El volumen más importante apareció
en el cementerio San Vicente de Córdoba
y en el de Avellaneda. De allí surgió
la mayor parte de los 600 restos óseos
que aún están bajo análisis.
En Avellaneda, el Equipo extrajo entre 1988
y 1992 un total de 336 esqueletos; 59 eran
de mujeres, entre las cuales se encontraron
los restos de la riojana María Cristina
Lanzillotto, secuestrada en 1976 y cuyo cuerpo
se restituyó el último 11 de
abril. Fuera de esos dos lugares, el EAAF
abrió fosas y está trabajando
en los cementerios de Lomas de Zamora, Ezpeleta,
Berazategui, San Martín, La Plata y
el Pozo de Vargas de Tucumán, Jujuy,
en Salta, Chaco y Paraná.
Cabe resaltar los hallazgos
en las cercanías del centro de detención
clandestino La Calamita ubicado en la localidad
de Granadero Baigorria, a pocos kilómetros
de Rosario. El mas reciente y resonante fue
el descubrimiento de los restos de Alberto
Isidoro Lozada, el joven cordobés,
militante del ERP, desaparecido desde mayo
de 1975 y sepultado en una tumba clandestina
del cementerio de la ciudad de San Lorenzo.
Hay dos hipótesis acerca de su muerte.
La primera sostiene que habría sido
ultimado en el Batallón del Ejército
121, situado en las cercanías de esta
ciudad. Y la segunda plantea que Lozada fue
ejecutado por grupos de tareas militares en
la población santafesina de Roldán.
Fuera de los cementerios,
el EAAF también hizo excavaciones a
partir de declaraciones de testigos indirectos
o por una orden judicial. Pero esas búsquedas
nunca dieron resultados. Por lo menos hasta
el presente las únicas restituciones
surgieron de cementerios clásicos.
Una hipótesis de
trabajo distinta los condujo a buscar a aquellas
víctimas de la represión que
fueron arrojadas al mar o a los cauces de
los ríos durante la dictadura. Esa
gente, dice el antropólogo, “llegaba
de los centros clandestinos de detención
que tenían una mayor facilidad para
acceder a recursos aéreos, como sucedió
con la Esma o Campo de Mayo”. Según
Fondebrider, aún no hay datos certeros
sobre las víctimas desaparecidas en
esas condiciones.
El destino de esos cuerpos
no fue idéntico. Aunque muchos fueron
enterrados en cementerios cercanos a las costas,
sólo algunos lograron ser identificados,
como sucedió el año pasado con
Azucena Villaflor. Otros terminaron incinerados
en osarios generales, incluso luego de 1983.
Como hasta entonces no existían políticas
públicas para preservarlos, lo que
se recuperó dependió de la decisión
de algún funcionario judicial o de
un intendente que ordenó exhumaciones
voluntariosas pero poco efectivas: muchas
veces quedaron en manos de sepultureros sin
conocimiento científico. Por esa razón
muchos cuerpos se perdieron: “Se exhumaron
mal o se quemaron –agrega Fondebrider–.
Obviamente por esas circunstancias es que
en 22 años encontramos solamente 300
cuerpos”.
Fuente: Página 12 y La Voz del Interior
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