Por Jorge Cadús / 21 de Marzo de 2012
MURIÓ JOSÉ ALFREDO MARTINEZ DE HOZ
EL EMPRESARIO DE LA REPRESIÓN

José Alfredo Martínez de Hoz, quien fuera el primer ministro de economía de la dictadura instalada en marzo de 1976, y uno de los ideólogos del plan económico que condenó a miles de personas a la miseria planificada, murió este sábado 16 de marzo. El empresario construyó su poder -y gran parte de su impunidad- desde la firma Acindar, asentada en Villa Constitución. Lo que sigue es parte de su historia, reunida en el trabajo "Villa Constitución. La utopía color del río", de próxima aparición.

 

UNA MUERTE EN LA IMPUNIDAD
La noticia no pasó desapercibida en los grandes medios de difusión.
"El ex ministro de Economía de Jorge Rafael Videla durante la última dictadura militar, José Alfredo Martínez de Hoz, murió hoy a los 87 años y mientras cumplía arresto domiciliario en el marco de la causa por el secuestro de los hermanos Gutheim en 1976", repetía la mayoría de las crónicas del 16 de marzo del 2013.
Y recordaban que "durante su gestión Martínez de Hoz aplicó políticas de endeudamiento externo, gran apertura comercial y financiera que destruyó la industria nacional y generó un mercado de capitales altamente especulativo. Entre 1976 y 1981, que estuvo al frente del Ministerio de Economía, la deuda externa argentina se cuadruplicó".
"Tras el retorno de la democracia en 1983, Martínez de Hoz fue encarcelado por su complicidad en las actuaciones represivas y en la desaparición de personas, pero fue indultado en 1990 por el ex presidente Carlos Menem. En 2006 la Justicia declaró la nulidad del indulto y reabrió una causa en la que fue acusado junto con el ex dictador Jorge Rafael Videla y el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy del secuestro extorsivo en 1976 de dos empresarios, Federico y Miguel Gutheim, de la empresa textil Sadeco, para forzarlos a cerrar un negocio de exportación con Hong Kong", resumían las publicaciones.
Y completaban el breve recorrido diciendo que "en 2010 la Justicia dictó su prisión preventiva en esa causa y en diciembre del año pasado, la Cámara Federal confirmó la prórroga de la prisión preventiva. El ex jefe del Palacio de Hacienda cumplía la prisión preventiva en su piso del exclusivo edificio porteño Kavanagh, del barrio de Retiro".

ACINDAR Y MARTINEZ DE HOZ
El 20 de mayo de 1968, José Alfredo Martínez de Hoz fue designado por primera vez presidente del Directorio de Acindar, la firma nacida en 1942, en Rosario, de la mano del ingeniero Arturo Acevedo, que con los años se convertiría en la planta de laminados más importante del país.
En 1951, Acindar había desembarcado en Villa Constitución, y de la mano de la estatal Somisa, en San Nicolás dibujaban el mapa de la producción de acero argentino, al tiempo que darán forma a la geografía social del sur provincial.
La muerte de Arturo Acevedo, y la decisión de otro ingeniero "histórico" en la empresa, José María Aragón, de no asumir el cargo por razones de salud, hicieron posible el desembarco de este hombre a quien Daniel Muchnik describe como "una figura prestigiosa en los círculos financieros y en los sectores que representan los intereses monopólicos de las empresas transnacionales. Abogado -graduado con medalla de oro en 1950-, funcionario de empresas y académico de Derecho Agrario, este hijo de familia de alcurnia agroganadera ya había transitado por la función pública como Ministro de Economía de la provincia de Salta en 1956. Luego ocupó la presidencia de la Junta Nacional de Granos en 1957 y 1958, y los cargo de Secretario de Agricultura y Ganadería y Ministro de Economía entre 1962 y 1963".
Muchnik retrata a Martínez de Hoz, nacido en agosto de 1925, como un "hombre terco de modales austeros, delgado, de contextura aparentemente frágil pero trabajador infatigable -cumplía jornadas de 18 horas- Martínez de Hoz, quien había estudiado en la Universidad de Cambridge en su juventud, y se había codeado con militantes social cristianos, -estaba estrechamente vinculado a la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas- se destacaba como orador de gran verba y perseverancia en el discurso, con excelente dominio del inglés y contactos de primera línea en el mundo financiero internacional".
A mitad de la década del 40, Martínez de Hoz participaba en las reuniones del club Demos. Ese club -cuenta el periodista Vicente Muleiro- "reunía a jóvenes antiperonistas, en el café Richmond de la calle Florida". La continuidad de esa agrupación de veinteañeros liberales, antiperonistas y anticomunistas fue el club Azcuénaga, "que debió su denominación a una casa ubicada en calle Azcuénaga de la Capital. El anfitrión era el coronel de caballería Federico de Álzaga, Jaime Perriaux era uno de los animadores", completa Muleiro. Precisamente el llamado grupo Perriaux será quien provea de funcionarios civiles al Golpe de Estado de 1976.

EL VILLAZO
En los primeros años de la década del '70 la seccional Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) sufrió una serie de intervenciones dictadas desde la conducción nacional, con el objetivo de evitar que esa delegación cayera en manos de un sector gremial disidente. Ese sector, surgido del Grupo de Obreros de Acindar (Goda); había dado lugar a otras organizaciones sindicales, como que confluyeron en la Lista Marrón.
En 1973, el mismo año en que aquella Lista Marrón, de la mano de Alberto Piccinini, extendía su influencia entre los metalúrgicos de toda la región, Acindar formaba nuevo directorio. La reunión de accionistas, controlada por la familia Acevedo y la US Steel Company, designó el directorio de la empresa, manteniendo a José Alfredo Martínez de Hoz como presidente, con Arturo y Jorge Acevedo en el directorio y Eduardo Acevedo de gerente general.
Sobre José Alfredo Martínez de Hoz cuenta el historiador Norberto Galasso: "había cometido sus primeras travesuras nocturnas en el haras familiar de Chapadmalal -castillo normando de por medio- para pasar luego a presidir las reuniones de directorio de Acindar y ejercer entusiastamente la vicepresidencia de la Compañía de Electricidad Ítalo Argentina. Según las malas lenguas, su agilidad era tal que podía saltar, en un solo brinco, desde Chapadmalal y Villa Constitución hasta el piso 16 del edificio de la United Steel Co, en la ciudad de Nueva York. A su vez, tenía sus afectos repartidos: Videla, en el Ejército, y David Rockefeller, en el Chase Manhattan Bank".
El negocio era floreciente: "la estatal Somisa les vendía materia prima a precios menores que el costo y exportaban buena parte de la producción con dólares subvaluados", señalan Martín Caparrós y Eduardo Anguita en su trabajo "La voluntad". Solamente en el período 1970/1975 Somisa transfirió a Acindar más de 100 millones dólares mediante los menores precios de los insumos, en este caso, por venta de palanquilla a un valor promedio menor al normal.

Al mismo tiempo que el negocio prosperaba, se renovaban las intervenciones de las delegaciones sindicales, desconociendo a las Comisiones Internas surgidas en elecciones.
En 1974, el secretario general de la UOM, Lorenzo Miguel, nombró a dos hombres de confianza como interventores: Jorge Ramón Fernández y Lorenzo Oddone llegaron a Acindar, abucheados por los trabajadores.
Al día siguiente de su llegada expulsaron de la UOM a once trabajadores: cinco de la Comisión Interna, y seis delegados de la Marrón. Una asamblea resuelve un paro que rápidamente se transforma en ocupación de la planta. Nacía para la historia obrera argentina uno de sus hechos más recordados: el Villazo. Una huelga con toma de fábricas, control obrero de la producción, organización de piquetes, colocación de barricadas y grupos de obreros de autodefensa. Allí estaban los trabajadores de Acindar, de Metcon (subsidiaria de la Ford), de Marathon, de Vilber, pero también estaban allí los obreros de los pequeños talleres contratistas de la región. Y la solidaridad del gremio textil, portuarios, bancarios, docentes, el Centro de Comercio de Villa Constitución -que adhieren a la huelga el mismo 8 de marzo- y de la Federación Agraria Argentina, que hace llegar alimentos a los obreros en huelga. El sábado 16 de marzo, después de una semana de lucha y movilización, se lograba la firma de un Acta Acuerdo donde se establecía el nombramiento de dos representantes obreros por empresa; 120 días para la normalización de la seccional y 45 días para la elección del Cuerpo de Delegados y de la Comisión Interna de Acindar y el nombramiento de un delegado normalizador. Ese mismo día, una asamblea general de las tres fábricas en Acindar aprueba el acuerdo, y por la tarde, más de 12.000 personas marcharon hasta la plaza principal.

Las elecciones en la delegación de la UOM villense se concretaron entre el 25 y el 29 de noviembre de 1974. La Lista Marrón se impuso con más de 2.600 votos contra 1.300 de la Lista Rosa, que respondía a la conducción nacional de Lorenzo Miguel. Los sectores combativos asumieron la conducción de la seccional Villa Constitución de la UOM el 1º de diciembre de ese año. La nueva conducción duplica la cantidad de afiliados, normaliza los aportes de las empresas y mejora los servicios de la obra social. Al mismo tiempo, enfrenta a la especulación y el desabastecimiento de productos básicos vendiendo azúcar, aceite y harina en la plaza a precio de costo, en una acción conjunta con la CGT local. Pero aquella primavera democrática duraría poco más de tres meses.

OPERATIVO SERPIENTE ROJA DEL PARANÁ
El 19 de marzo de 1975, el gobierno de María Estela Martínez de Perón anunció por medio de un comunicado de prensa que los organismos de inteligencia habían detectado "un complot subversivo tendiente a paralizar la actividad industrial, con epicentro en Villa Constitución". En la madrugada del 20 de marzo comienza el llamado "Operativo Serpiente Roja del Paraná": Villa Constitución es sitiada por las fuerzas represivas Cuatro mil efectivos de las llamadas "fuerzas conjuntas", más 500 matones a sueldo y grupos de la Juventud Sindical Peronista (JSP), fundada por José Ignacio Rucci, tomaron la ciudad. Una caravana de un kilómetro y medio, compuesta por Ford Falcon, patrulleros y celulares. Fuerzas "legales" y acciones clandestinas de la Triple A. Más de 300 obreros fueron encarcelados. Otros secuestrados, torturados y asesinados.
Como respuesta a la represión, se lanza la huelga general por tiempo indeterminado hasta la libertad de todos los detenidos, a la que adhieren otros gremios no sólo de la ciudad, sino también regionales. Al mismo tiempo se conforma un Comité de lucha, con dos delegados obreros por fábrica: Acindar, Metcon, Marathon y Vilber. También declaran la huelga los obreros de la textil Cilsa, la Unión Ferroviaria y La Fraternidad. La huelga metalúrgica del sur santafesino se extendió a lo largo de 59 días, con el apoyo de los pequeños comerciantes de la zona.
Pero la represión arrasa con las vidas de Ramón Alberto Cabassi, Miguel Angel Lobotti, Juan Carlos Ponce de León, Adelaido Viribay, Rodolfo Ángel Mancini, Jorge Chaparro, Juan Bautista Corbalán, José García, Concepción De Grandis, Carlos Ruescas, Julio Palacios, Juan Carlos Taborda, Fabián Rodríguez, Juan Carlos Salinas, Oscar Raúl Ojeda, Domingo Salinas, Carlos Antonio Tonso, Pedro Antonio Reche y Jorge Andino.
El 17 de mayo, con un largo saldo de delegados detenidos, de obreros muertos, secuestrados y torturados, una asamblea decide levantar la huelga el 19 de mayo. Las empresas habían amenazado con una cláusula de la Ley de Contrato de Trabajo, que les otorgaba la posibilidad del despido sin reincorporación en casos de medidas de fuerza que superaran los 60 días.
Acindar, como las grandes empresas de la región, colaboró en esos días activamente en la persecución de dirigentes y militantes gremiales y políticos. Así lo confirma -entre otros testimonios- el relato del ex-comisario de la policía federal, Rodolfo Peregrino Fernández, en su declaración ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos, en 1983, donde desnudó la conformación y funcionamiento de la Triple A. Fernández relató la represión ilegal en Villa Constitución contra los trabajadores de Acindar, Metcon, Vilber y Marathon, como uno de los principales hechos llevados a cabo por la banda paramilitar. Agregó que el procedimiento fue comandado por el comisario Antonio "Don Chicho" Fischietti, quien había sido delegado de la Federal en la provincia de Tucumán, describió cómo se pagó dinero extra para generar las detenciones y posteriores torturas en el ex-albergue de solteros de la planta de Acindar.
"Las patronales de las industrias metalúrgicas instaladas allí -señaló el ex-comisario- establecieron una estrecha vinculación con las fuerzas policiales mediante pagos extraordinarios en dinero. Acindar se convirtió en una especie de fortaleza militar, con cercos de alambres de púas. Los oficiales policiales que custodiaban la fábrica se alojaban en las casas reservadas para los ejecutivos de la empresa...".
"El presidente de Metcon, por ejemplo, retribuía con una paga extra de 150 dólares diarios al oficial de policía que dirigía su custodia personal, por un servicio de vigilancia no superior a las seis horas de duración", recordó Peregrino Fernández. Al mismo tiempo remarcó que "Acindar, pagaba a todo el personal policial (jefes, suboficiales y tropa) un plus extra en dinero, suplementario al propio plus que percibían oficialmente los efectivos, tarea que estaba a cargo del jefe de personal, Pedro Aznáres, así como del jefe de relaciones laborales, Roberto Pellegrini", indicó.

SANGRE Y NEGOCIOS
En los primeros años de la década del 70, las patronales del agro y la industria nacional encontraron representación en el Consejo Empresario Argentino (CEA), presidido por José Alfredo Martínez de Hoz, cargo al que había llegado desde la presidencia en las firmas más importantes del país. Su nombre era número puesto para que el 2 de abril de 1976 se hiciera cargo del Ministerio de Economía de la dictadura recién inaugurada. Su plan económico había sido elaborado a lo largo de todo 1975 con los ejecutivos nucleados en el Consejo Empresario Argentino, y al decir de Norberto Galasso, "su presencia simbolizaba el acuerdo entre la vieja clase dominante y el imperialismo norteamericano".
Daniel Muchnik, autor de "Argentina modelo. De la furia a la resignación. Economía y política entre 1973 y 1998" define las bases de aquel plan económico: "El propósito manifiesto era que 'la economía se saneara'. Que fuese 'competitiva y altamente productiva', sin la intervención del Estado. El propósito oculto era eliminar de cuajo toda base de sustentación de las 'políticas populistas', acallar el sindicalismo combativo, disciplinar a los obreros. Quebrar a la pequeña y mediana empresa (industrial, rural, comercial y financiera) equivalía a golpear en el corazón de la 'resistencia'. Transformar a la empresa grande nacional en ensambladora, en subsidiaria de las casas matrices extranjeras, en armadurías, fue el objetivo del Plan", escribe Muchnik.

"Las Fuerzas Armadas llegaron al poder con intereses que claramente depasaban la esfera de lo económico, apuntando a lograr un disciplinamiento social generalizado mediante un cambio drástico de la antigua estructura de relaciones económicas, sociales y políticas", apunta Susana Torrado en su trabajo "La estructura social de la Argentina".
El estamento militar construirá entonces una alianza con el segmento más concentrado de la burguesía nacional y de las empresas transnacionales, que dará "por terminada la industrialización como objetivo central del proceso de desarrollo. En la concepción de las Fuerzas Armadas, para lograr el ansiado disciplinamiento político e institucional de la clase obrera, más allá del avasallamiento de sus instituciones corporativas y de representación política, la estrategia más eficiente debía consistir en una modificación drástica de las condiciones económicas funcionales que habían alentado históricamente el desarrollo de esta clase", sostiene la investigadora.
Acindar será el botón de muestra de la represión para la domesticación, del ajuste pagado por el cuerpo de los trabajadores: de los 6.672 operarios de la firma a mediados de la década del 70, para 1981 conservaban sus puestos laborales solamente 4.794 obreros metalúrgicos.
Para finales de la década del 90, sumarán apenas 2.300 operarios.
La política económica aceleró hacia el pasado, en un retorno a la Argentina agroexportadora: la expansión de los cultivos quedaría determinada por "su capacidad de competir en el mercado mundial"; para la campaña 76/77 se eliminó la fijación de precios sostén; se liberó el comercio; se permitió a empresas montar puertos propios; se privatizaron silos y elevadores oficiales; y la Junta Nacional de Granos dejó de intervenir, para terminar eliminada tiempo después, en 1992.
Comienza la promoción del cultivo de soja, conocido en Argentina desde 1867. Como lo detallan Antonio Elio Brailovsky y Dina Foguelman en el libro "Memoria Verde", las multinacionales de producción y comercialización de granos "que operan en el país promocionaron el cultivo para incorporarlo a un mercado internacional ya liderado por Estados Unidos y la Comunidad Europea". Para instalar un por entonces devaluado cultivo de soja "importaron su tecnología en bloque". En Santa Fe, "la provincia que incorporó la soja en forma más generalizada, la producción se multiplicó trece veces entre 1976 y 1986", registra ese estudio.
Para Norberto Galasso, "la apertura económica, la liberación de las tasas de interés y la toma de préstamos en el exterior constituyen los ejes a través de los cuales 'Joe' impulsa la reconversión colonial de la Argentina, ahora decididamente en la órbita norteamericana".

BENEFICIOS PARA ACINDAR
A partir del nombramiento de José Alfredo Martínez de Hoz como principal funcionario de la dictadura militar, Acindar experimenta un crecimiento notable. En la empresa de Villa Constitución propiedad de la familia Acevedo, el general Alcides López Aufranc reemplaza al flamante Ministro de Economía; quien aprueba la integración de la firma, por lo que se otorgan los beneficios de la promoción industrial, mediante un pre-contrato que él mismo había firmado un par de meses antes pero como presidente de la empresa.
Los decretos 261/75 y 228/76 encuentran a Martínez de Hoz de un lado y del otro del mostrador.
Tal como lo registra el historiador Norberto Galasso, la firma, "que en 1976 sufría la competencia de Tamet, Gurmendi y Santa Rosa, alcanza a partir de la gestión de Martínez de Hoz en el Ministerio de Economía un impresionante crecimiento que la lleva a engullirse a esas tres competidoras y constituirse en 1984 en la empresa privada local más importante de la Argentina en el ránking de ventas. La cuarta en el país después de YPF, Esso y Shell. Además, durante ese período, se endeuda en el exterior en 700 millones de dólares, deuda que fue trasladada al Estado en 1982 en su mayor parte a través de seguros de cambio implementados por otro 'gato': Domingo Cavallo...".
El desarrollo de Acindar, sin embargo, no se concretó con capitales propios: la firma participó activamente del proceso de endeudamiento externo (su pasivo ascendió a 652.193.000 que transfirió al Estado); tuvo acceso a los distintos regímenes de Promoción Industrial (los beneficios incluían exención impositiva a las ventas, garantía estatal para la toma de créditos, y liberación de derechos de Aduana para ciertos insumos); sólo en 1976 obtuvo avales del Tesoro Nacional por más de 80 millones de dólares; gozó de créditos del Banade que jamás devolvió; se benefició con protecciones arancelarias y tarifas diferenciales para el consumo energético de sus plantas.
Pero no sólo Acindar disfrutó los beneficios de la gestión de Martínez de Hoz. El historiador y periodista Osvaldo Bayer recuerda que el primer ministro de economía de la dictadura era -en 1976- síndico de la firma alemana Siemens: "una de las primeras medidas que tomó -oh, casualidad- fue devolver a Siemens su empresa de instalaciones telefónicas y pagarle varios millones de dólares de indemnización. La realidad es concreta...", sostiene Bayer.

LIDERAZGOS
Eduardo Basualdo, Claudio Lozano y Miguel Ángel Fuks, autores del trabajo "El conflicto de Villa Constitución. Ajuste y flexibilidad sobre los trabajadores. El caso Acindar", sostienen que la firma cumplió un papel central "en la salvaje reestructuración del capitalismo argentino que indujera la dictadura militar". Para los economistas, "si se toma en cuenta que a mediados de la década del setenta las familias Aragón y Acevedo mantenían participación accionaria en Loma Negra y el Banco Francés; si se considera también que Martínez de Hoz (presidente del directorio de Acindar) articulaba los intereses del grupo con otros holdings importantes, como Brown-Boveri, Bracht y Roberts, y se destaca su simultánea presidencia del Consejo Empresario Argentino, el papel central cumplido en 1976 debe asociarse a un claro rol de liderazgo en el medio empresario local, respecto, fundamentalmente, del disciplinamiento de la fuerza de trabajo".
Por esto, remarcan Lozano, Basualdo y Fuks, "resulta lógico encontrar al grupo Acindar, absolutamente involucrado en el origen de la represión ilegal en la Argentina". Y por esas mismas razones no es extraño que de la presidencia de Acindar haya surgido el Ministro de Economía de la dictadura; que hasta entrada la década del 90 haya sido presidida por el represor del Cordobazo, el general Alcídes López Aufranc; y que su abogado para esos mismos años haya sido Jorge Videla, el hijo del general Jorge Rafael Videla, quien encabezó la dictadura de 1976.
La política económica implementada por el hombre surgido de las entrañas de Acindar tuvo un aliado indiscutible: la represión en manos de las Fuerzas Armadas. En palabras del mismo Martínez de Hoz: "se actuó con una unidad de orientación ideológica que permitía lograr una verdadera acción de equipo".

EL CASO GUTHEIM
En 1988, el juez federal Martín Irúrzun procesó y ordenó la detención de José Alfredo Martínez de Hoz, por secuestro e intento de extorsión de dos empresarios, en una causa judicial iniciada hacia mayo de 1985, a partir de la denuncia de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, a cargo entonces del fiscal Ricardo Molinas.
La noche del 5 de noviembre de 1976, fuerzas policiales que actuaban en nombre del jefe de la Policía Federal detuvieron al empresario Federico Gutheim y su hijo, Miguel Ernesto, titulares de la firma algodonera Sadeco SA. La orden de detención emanaba del Decreto Nº2.849, firmado por el general Jorge Rafael Videla, como Presidente; y su Ministro del Interior, general Albano Eduardo Harguindeguy. Ese decreto disponía el arresto ya que la actividad de los empresarios "atentaba contra la paz interior, la tranquilidad y el orden público" en relación "con las causas que motivaron la declaración del estado de sitio".
Una vez detenidos, fueron sacados de la cárcel en cuatro oportunidades (del 10 al 13 de enero de 1977), para negociar un contrato por valor de u$s 12.155.000 con empresarios radicados en Hong Kong. De las reuniones, a las que Federico y Miguel Gutheim llegaban esposados y custodiados por personal policial, participaron funcionarios del Ministerio de Economía y representantes de empresas anglo-orientales (Gordon Woodroffe; Hong Kong Spinners y Nan Fung Textiles entre otras) y el gerente de la firma Dreyfus. De acuerdo a los dichos de los funcionarios que participaron de las reuniones, había un interés directo del ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, en esos contratos.
Los Gutheim fueron liberados por decreto el 6 de abril de 1977.

Aquel 1988, Martínez de Hoz permaneció poco más de dos meses detenido en la Unidad Penal 22. El 14 de julio de ese año la Cámara Federal confirmó las preventivas para sus socios, Videla y Harguindeguy, y ordenó la libertad de Martínez de Hoz, aunque no por falta de pruebas: el decreto que ordenó la detención llevaba solamente la firma de los militares.
En 1989, casi dos años después del procesamiento, y con la investigación todavía abierta, Carlos Saúl Menem firmó un decreto donde los indultó.
Pero la causa revivió en junio del 2006, cuando a instancias de organismos de Derechos Humanos, el juez federal Norberto Oyarbide declaró nulos esos indultos. A fines de abril del 2010, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con una mayoría ajustada, puso nuevamente a José Alfredo Martínez de Hoz en las puertas del juicio y la cárcel: confirmó la inconstitucionalidad del indulto firmado por Carlos Menem, y recordó que el crimen por el que se lo acusa es imprescriptible. El ex-ministro respondió por medio de una solicitada, donde afirmó ser víctima de "una persecución interminable", y acusó al gobierno nacional.
Inmediatamente, el juez Oyarbide prohibió la salida del país del ex hombre fuerte de los comienzos de la dictadura militar. El martes 4 de mayo dictó su prisión preventiva "de cumplimiento efectivo"; embargó sus bienes por la suma de $ 2.000.000; y calificó al secuestro de los Gutheim como delito de lesa humanidad.
Martínez de Hoz fue nuevamente detenido. Dice la crónica publicada en el diario Página 12: "Los efectivos de Interpol que fueron a detenerlo con orden de trasladarlo a la división Delitos Especiales de la Policía federal debieron esperar horas hasta que un equipo médico constató el estado de salud del anciano de 85 años, que según fuentes policiales, se encontraba 'postrado'. Finalmente, fue retirado en camilla y trasladado en ambulancia al sanatorio De los Arcos".

Federico Gutheim falleció en 1995. Su hijo Miguel, detenido junto a su padre, quedó como responsable de los bienes de la empresa familiar al mismo tiempo que es el representante de compañías brasileñas del rubro textil. En su trabajo "Detrás del espejo", Ricardo y Fernando Molinas remarcan que esta causa descubre "que esa política económica y la política represiva más siniestra que recuerda nuestra historia, estaban puestas al servicio de intereses particulares, dirigidos desde el despacho del propio Ministro".

EL PAÍS DE RODILLAS
"Ha quedado evidenciado en el trasuntar de la causa la manifiesta arbitrariedad con que se conducían los máximos responsables políticos y económicos de la Nación en aquellos períodos analizados (1976/ 1983)..." sostiene el Juez Federal Jorge Ballestero en su Resolución de la Causa Nº 14.467, de julio del año 2000. Y completa: "Así también se comportaron directivos y gerentes de determinadas empresas y organismos públicos y privados".
La causa 14.467 fue iniciada en 1982 por el abogado Alejandro Olmos, y es un recorrido por la geografía de las impunidades cotidianas que fueron construyendo la Deuda Externa Argentina. Deuda que creció de 7.500 millones de dólares en 1975, a 55.000 millones de dólares en 1983. En el medio, el 5 de julio de 1982, un tal Domingo Felipe Cavallo, a cargo del Banco Central de la República Argentina, estatizó la deuda de más de 650 millones de dólares de Acindar, junto a la de otras doscientas empresas.
Para el 2001 de piquetes y cacerolas, esa misma deuda externa arañaba los 132.000 millones. Que se convertían en 155.000 millones de dólares si se suma la deuda privada. Y a lo que habría que agregar los 40.000 millones de dólares que ingresaron en las arcas del estado, para esfumarse rápidamente, producto de las privatizaciones de las empresas nacionales.
El único procesado en la causa, José Alfredo Martínez de Hoz, primer Ministro de Economía de la dictadura, a donde llegó directamente impulsado desde el directorio de Acindar, resultó en aquel entonces sobreseído "en virtud de operar la prescripción de la acción penal".
Más allá de la prescripción, más allá de los olvidos del sistema y de la construcción de impunidades permanentes, el fallo judicial es contundente: la deuda externa argentina "ha resultado groseramente incrementada a partir de 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas el país a través de los diversos métodos utilizados (...) que tendían a beneficiar y sostener empresas y negocios privados -nacionales y extranjeros- en desmedro de sociedades y empresas del estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día".

UN CIELO PARA MARTINEZ DE HOZ
Al momento de su muerte, José Alfredo Martínez de Hoz enfrentaba -además de la causa Gutheim- otros dos procesos judiciales: uno por la desaparición de Juan Carlos Casariego de Bel, que fuera director del Registro de Investigaciones de la dictadura, secuestrado después de oponerse a otro negociado del ministro de la dictadura, la estatización de la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad; y otro proceso como jefe de la asociación ilícita que dio el Golpe de Estado el 24 de marzo de 1976.

La muerte le llegó antes que la Justicia para el hombre cuya continuidad y permanencia en aquellos primeros años de la dictadura -como lo remarcaba el diario La Nación- "nadie cuestiona"; el hombre "a quien tampoco nadie respalda con mayor religiosidad que el teniente general Videla. Exactamente eso: con un verdadero acto de fe hacia la gestión del ministro, lo que expresa, más que un apoyo político, un apoyo virtualmente religioso".
En la edición de la revista La Semana del 29 de diciembre de 1983, José Alfredo Martínez de Hoz, devolvía gentilezas para con su jefe y socio en el saqueo institucionalizado de estos arrabales, Jorge Rafael Videla. Dice de él: "El general Videla es un gran patriota, tiene una gran altura moral, es íntegro en sus procederes y posee un gran equilibrio".
Y completaba: "Si voy al cielo cuando me muera, seguramente Videla estará allí. Si yo -guardando las distancias- estuviera en lugar de Dios, conociéndolo a Videla como lo conozco, no lo dudaría".

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Imagen: Carina Barbuscia sobre fotos de archivo.