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Por Sonia Tessa / 21 de Febrero de 2013
ALICIA FERRERO, COMPAÑERA DE CESAR TABARES
"ME GOLPEA EL NINGUNEO DE SU NOMBRE"
La historia de César Tabares, contada en esta
página hace pocos días, sigue escribiéndose en
el presente. Secuestrado y desaparecido desde
enero de 1977, fundador del Movimiento
Revolucionario Peronista, militante consecuente
y funcionario honesto y ejemplar, su nombre es
símbolo de coherencia y dignidad. Sin embargo, a
pesar de ser uno de los casos más conocidos de
víctimas del Terrorismo de Estado en Santa Fe,
la Caja de Jubilaciones sigue demorando su
pensión. Su compañera, Alicia Ferrero, cuenta
parte de esta pelea.
César Tabares fue abogado laboralista, ocupó la
Dirección de Institutos Penales de la provincia
durante el gobierno de Carlos Sylvestre Begnis.
Debió renunciar cuando se negó a endurecer las
condiciones de detención de los presos políticos
y a entregarlos a disposición del Ejército, como
exigían las autoridades nacionales en 1975.
Desapareció el 6 de enero de 1977, en Rosario.
Su esposa, Alicia Ferrero, supo durante la
última dictadura militar lo que era la soledad y
la persecución. Tenía tres hijos, Leandro,
Federico y Julieta, a su cargo. La cesantearon
de su trabajo.
Cuando iba a buscar datos sobre su marido al
Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, el mayor
Fernando Soria le decía que "se había ido con
otra mina".
Hoy dos cárceles provinciales y una plazoleta en
la ciudad llevan el nombre de Tabares, en
reconocimiento a su labor. Pero en la Caja de
Jubilaciones de la provincia no se enteraron.
El 22 de diciembre de 2011, las abogadas
Gabriela Durruty y Jesica Pellegrini solicitaron
una pensión a favor de Ferrero. La burocracia se
toma su tiempo: el 16 de mayo de 2012
respondieron que la viuda debía "acreditar en
forma fehaciente la causa política y/o gremial
por el cual el causante fue forzado a
renunciar". Las profesionales acompañaron
documentación pero no hubo caso, el 30 de enero
de este año recibieron la misma respuesta.
"Me golpea el ninguneo que hacen de la figura de
César", dijo Ferrero.
Al pedir el beneficio previsional, las abogadas
expusieron que Tabares había realizado aportes a
dicha Caja antes de ser secuestrado por fuerzas
represivas dependientes del Comando del II
Cuerpo de Ejército. Fue Director General de
Institutos Penales desde el 12 de junio de 1973
hasta el 16 de septiembre de 1975, cuando
renunció tras varias amenazas y ataques en su
domicilio por parte de la Triple A.
El escrito de Durruty y Pellegrini rememora que
"luego continuó ejerciendo su profesión de
abogado y pasó a desempeñarse como asesor de la
Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez desde
el 1° de noviembre de 1975 hasta el 31 de agosto
de 1976, realizando nuevamente aportes a la Caja
Provincial. Tal como se expuso al solicitar el
beneficio de pensión, su militancia y compromiso
en defensa de los derechos humanos, su valiosa
labor en materia carcelaria en este sentido,
motivaron su persecución, su obligada renuncia
al cargo de asesor municipal y su desaparición
forzada".
Alicia Ferrero intentó obtener la pensión a la
que tenía derecho por primera vez el 28 de
septiembre de 1979. Entonces, presentó una
primera solicitud mediante el expediente 15101
0145789 V. Dicho pedido fue rechazado por la
Caja.
Lo que no pensaron las abogadas y Ferrero es que
obtendrían una respuesta similar en plena
democracia.
Tabares lleva el número 5011 entre los casos
registrados por la Comisión Nacional sobre
Desaparición de Personas (Conadep). Además,
Ferrero y sus hijos son querellantes en la
llamada megacausa Feced. "En este segundo pedido
realizado a fines del año 2011, se acompañó como
prueba copia debidamente certificada de la
constitución como querellante por parte de
Alicia y los hijos de Tabares, con idéntico
patrocinio, y copia del proveído de aceptación
de dicha querella por parte del Juzgado Federal
N° 2 de Rosario", explicó Durruty.
Ante el pedido de "acreditar fehacientemente"
que la Caja realizó en mayo, las abogadas
presentaron más documentación e indicaron que el
organismo oficial podía solicitar al Poder
Ejecutivo Provincial que enviara copia
certificada de los archivos bajo custodia del
Gobierno Provincial que contengan información
relativa a César Raúl Tabares.
También el Tribunal Federal en lo Criminal
número 4 de Rosario podía remitir copia
certificada del expediente 113/05, caratulado
"Tabares Leandro César s/su presentación.
Desaparición de César Raúl Tabares". "Se trata
de la causa judicial que investiga el destino
final sufrido por César Tabares y que cuenta con
numerosísima prueba. La causa tiene el fin de
investigar las responsabilidades en torno a la
privación ilegítima de la libertad y
desaparición forzada de Tabares, no la
existencia del hecho. Para el Estado Nacional es
un hecho jurídicamente indiscutible, la Nación
Argentina indemnizó inclusive a su familia por
lo ocurrido, acorde surge del expediente de
mención", apuntó Durruty.
Entonces, manifestaron que esperaban "se
realicen estas medidas a la brevedad posible, a
fines de encaminar el trámite solicitado
evitando innecesarias revictimizaciones de los
familiares de Tabares ya que el derecho es uno
solo y así debe ser interpretado, no se trata de
compartimientos estancos, no debería soslayarse
que el ordenamiento todo apunta a evitar que los
familiares de los desaparecidos se vean
obligados a declarar en reiteradas
oportunidades".
La respuesta de la Caja fue que no correspondía
a esa repartición acreditar fehacientemente la
desaparición de Tabares.
"Es un absurdo, una burla", lamentó Ferrero. "Se
están burlando de él y por otro lado, te ponen
de nuevo en la situación de tener que dar
explicaciones", consideró.
Para ella, "nadie en el estado provincial puede
desconocer quién es Tabares".
Durruty subrayó este argumento: "Se pide que
pruebe un hecho tan doloroso como el invocado,
fácilmente comprobable por cualquier autoridad
pública, sin necesidad de colocar a Alicia
Ferrero en la terrible obligación de probar, una
vez más, después de décadas de democracia, la
suerte corrida por su esposo a manos del estado
terrorista".
Para eso, en el escrito presentado ante la Caja,
hicieron referencia a la resolución 35/2005 de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
adoptada por Argentina, donde se establece que
"el trato a las víctimas de graves violaciones a
los derechos humanos así como a sus familiares.
En efecto, en el punto VI, establece que: Las
víctimas deben ser tratadas con humanidad y
respeto de su dignidad y sus derechos humanos, y
han de adoptarse las medidas apropiadas para
garantizar su seguridad, su bienestar físico y
psicológico y su intimidad, así como los de sus
familias".
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Imagen: Carina Barbuscia sobre fotos de
sociosactivosvigil.blogspot.com y
desaparecidos.org
Publicado en Rosario/12. Edición del lunes 18 de
febrero de 2013
* A partir de la difusión pública del caso de
César Tabares y la situación que atraviesa su
compañera, la directora de la Caja de
Jubilaciones de Santa Fe, Alicia Berzero, se
comunicó con Alicia Ferrero para disculparse por
las exigencias que la entidad le planteó para
poder acceder a una pensión.
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