Por Alejandra Daldán / 10 de Mayo de 2013
LA SOCIEDAD RURAL Y LA REPRESION EN EL INTA
UNA LÍNEA DE CONDUCTA


Por la denuncia de un sobreviviente y varios familiares de las víctimas en el INTA durante la dictadura, la Justicia investiga desde principios de año el papel jugado en la represión por los empresarios rurales y su decisión de destruir las líneas de trabajo que afectaban sus intereses. Una causa que sigue develando el mapa de la complicidad y el protagonismo civil en el terrorismo de Estado que asoló la región. Y que ayuda a explicar, también, algunos rasgos de la cara oculta de ese terrorismo de Estado: la de los ganadores del modelo económico instalado a puro negociado, picana y pólvora. La cara de los empresarios de la represión.




Antes del golpe de 1976, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tenía unos 5000 trabajadores y al menos 794 fueron cesanteados durante la dictadura. Entre ellos hubo detenidos, personas obligadas a renunciar, trasladados, asesinados y cuatro desaparecidos. Todos esos datos comienzan a ser revisados en una causa judicial impulsada por un sobreviviente y familiares de los desaparecidos en el juzgado federal de Daniel Rafecas. Las víctimas le piden a la Justicia un análisis de lo ocurrido como un “todo” y una revisión de las responsabilidades penales a la luz de la actuación que tuvieron los civiles y en particular la Sociedad Rural Argentina (SRA) que, desde el Consejo Directivo Nacional del organismo, tuvo un rol determinante en esa depuración.

La Sociedad Rural Argentina integra el INTA desde la creación del organismo, en 1956. Desde entonces forma parte del Consejo Directivo Nacional, junto a las otras organizaciones empresarias del campo, Coninagro, CRA y la Federación Agraria. El Consejo tiene además un presidente y un vicepresidente nombrados por el Poder Ejecutivo y un director nacional elegido por concurso. Con el golpe de Estado de 1976, la dirección del organismo fue intervenida por la marina, pero los delegados de las entidades agropecuarias mantuvieron sus lugares.
Esa intervención cívico-militar fue la encargada de perseguir a los técnicos y científicos que no eran afines a la política agropecuaria de José Alfredo Martínez de Hoz. En el contexto de esta causa, cobra relevancia el papel jugado por la SRA y los editoriales del diario La Nación en esa depuración, detrás de la cual aparece la voluntad dictatorial de intensificar el proceso de trasferencia de conocimiento y tecnología hacia los sectores privados y agroindustiales más concentrados.
La denuncia que se presentó en el juzgado de Rafecas tiene el patrocinio del abogado Rodolfo Yanzón. Recoge en un único escrito lo que durante años se tramitó como causas separadas y fue acompañada por un “amicus curiae” presentado por las autoridades actuales del Instituto que, de este modo, se ponen a disposición de la investigación. El escrito le pide a Rafecas que evalúe responsabilidades por 1) la confección de listados de futuras víctimas dentro de la institución y 2) por el lugar que los acusados ocupaban en lo que definen como “la cadena de mandos”.

Entre los nombres, aparecen los dos interventores del INTA ya fallecidos: el capitán Alberto Rafael Heredia y su sucesor, David Arias, un civil del mundo empresario. También se menciona al Ministerio de Economía, encabezado por Martínez de Hoz, y a la Secretaría de Agricultura, de la que dependía directamente el Instituto. Por allí pasaron Mario Cadenas Madariaga, una de las voces de la SRA escuchadas en el conflicto por la 125, que se desempeñó como secretario, y Jorge Zorreguieta, subsecretario a partir de abril de 1976 y secretario desde 1981. Zorreguieta había ocupado un puesto directivo en Coninagro y venía de la Comisión Directiva de la SRA cuando llegó a la subsecretaría impulsado por Martínez de Hoz.

El padre de la reina Máxima elogió en 1981 en la revista Chacra la actuación de Arias al frente del INTA, aunque siempre aseguró que no sabía lo que sucedía en el organismo que estaba a su cargo. Como la única denuncia que hasta ahora lo alcanzaba era por la desaparición de Marta Sierra, una de las trabajadoras, por un hecho previo a su nombramiento formal, hasta ahora no fue alcanzado por las imputaciones. En este contexto, las víctimas le piden ahora a la Justicia una relectura de su rol tomando en cuenta todo lo ocurrido. El petitorio promueve otras posibles imputaciones entre los representantes de las entidades agropecuarias y otros civiles colocados en puestos estratégicos. Sin nombrarlos, lo advierte en párrafos como el que sigue: “Las entidades patronales tuvieron un rol protagónico en el entramado que derivó en la desestabilización del gobierno constitucional, en el endurecimiento del discurso que las acercó a las pretensiones de represión de las Fuerzas Armadas y, finalmente, en el acuerdo con éstas de llevar adelante el golpe de Estado y la eliminación de dirigentes gremiales, comisiones internas y agentes y empleados que no respondiesen al modelo de organismos que esas entidades pretendían”, indica el escrito.
“De allí se deriva la necesidad de esas entidades de acompañar la gestión de la dictadura con algunos de sus hombres en cargos de relevancia, que pudieran llevar adelante el modelo que requerían y dejar a las Fuerzas Armadas el camino libre para su política de persecución y eliminación de opositores políticos. Es por ello que entendemos que la responsabilidad penal en estos casos debe investigarse como un conjunto de características comunes”, indica.
“Los secuestrados, torturados, muertos y desaparecidos del INTA fueron víctimas del accionar ilegal de las FF.AA., como un modo de dejar el camino libre a las políticas que, desde las entidades patronales del campo –que tenían en sus manos la Secretaría de Agricultura y los órganos que de ella dependían– se impulsaban.”

LA REPRESIÓN
Una de las áreas más afectadas del INTA a partir del golpe fue el Centro Nacional de Investigación Agropecuaria de Castelar, donde funcionaban varios institutos de investigación. De allí son los cuatro desaparecidos: Marta Sierra, Carlos Alberto Costa Rodríguez, Gustavo Rodolfo Giombini Moser y María José Rapela de Mangone, que estaba embarazada. Con la intervención, el predio fue ocupado militarmente. Y con escenas que recuerdan a los secuestros en la Ford, el despliegue de tanquetas por las mil hectáreas del terreno se hizo de la mano de traslados masivos de los trabajadores a un comedor. Hubo interrogatorios, personas vendadas y amenazadas de muerte.
Según la denuncia, a continuación decenas de personas fueron detenidas en distintos lugares, aunque sólo está reconocida la comisaría de Hurlingham porque aún faltan datos y testimonios. Otra de las áreas más afectadas fue la Experimental de Pergamino, donde hubo 49 cesanteados y por lo menos seis detenciones ilegales.

Según los testimonios, la depuración en el INTA comenzó en 1974 con el asesinato por parte de la Triple A del extensionista Carlos Llerena Rosas y con el gobierno de Isabel Martínez de Perón empezaron a circular las primeras listas negras. La mayor parte de los cesanteados y perseguidos pertenecían a ATE y a la Asociación Personal del INTA (Apinta). Los archivos de la ex Dipba (Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense) dan cuenta de la presencia de espías en los puestos de trabajo.
La denuncia reconstruye en términos históricos la actividad del instituto antes el golpe, durante el gobierno de Héctor Cámpora, cuando el INTA estuvo bajo la gestión del secretario de Agricultura Horacio Giberti. Se describe la política impulsada en esa época y el modo en el que las nuevas líneas de desarrollo fueron criticadas una y otra vez por la Sociedad Rural Argentina, que pedía a gritos la intervención militar desde las páginas del diario La Nación, tanto a través de solicitadas como en los propios editoriales publicados en ese diario. O incluso en una reunión con Videla, cuyos detalles escribieron en el libro Memorias y Balances, 1976.
El 13 de octubre de 1975, por ejemplo, el diario La Nación publicó un editorial titulado “La situación en el INTA”. Allí se indicaba que el organismo sufría una declinación de su potencial y tenía problemas de presupuesto por la incorporación de personal. “Pero aun esto tiene trascendencia menor que la infiltración ideológica ocurrida por conducto de los nuevos nombramientos –decía–, entre los cuales se ha denunciado reiteradamente la participación de elementos subversivos de filiación marxista, que no serían ajenos a la inspiración que tuvo el proyecto de ley agraria, luego felizmente desechado.”
Casi un año más tarde, el 29 de octubre de 1976, ya ocurrido el golpe de Estado, otro editorial festejó “La recuperación del INTA”: “En años posteriores el organismo fue sumido en el caos, minado principalmente por una infiltración ideológica, que tuvo como objetivo desarticular el agro”. Las “actuales autoridades”, aseguraba La Nación, debieron llevar adelante la racionalización de personal, que tuvo, entre otros fines, el de recuperar “valores espirituales necesarios para lograr la serenidad creadora de los centros de estudio, de los claustros, de los laboratorios”.

LA SRA EN EL INTA DE LA DICTADURA
Cecilia Gárgano es historiadora, investigadora del Centro de Estudios de Historia de la Ciencia José Babini (Unsam) y becaria del Conicet. Estudia lo ocurrido en el INTA durante la última dictadura y, entre otros aspectos, los efectos de la trasferencia de conocimiento y tecnología hacia los sectores privados. Para ello analiza lo que sucedió antes del golpe y compara con lo que pasó después.
El secretario de Agricultura y Ganadería de la etapa camporista, Horacio Giberti –señala Gárgano–, impulsaba un conjunto de medidas como el anteproyecto de la Ley Agraria y el Impuesto a la Renta Normal Potencial de la Tierra para combatir la existencia de grandes latifundios improductivos. “Se buscaba que el INTA no estuviera sólo dedicado a realizar cálculos de costos y administración de haciendas rurales, sino también a problemas estructurales como la concentración de la tierra, la composición de la estructura social agraria o el desbalanceo regional”, indica.

A partir del golpe de 1976, esas políticas se extinguieron. “El decreto 3369/76 suprimió la autarquía financiera, cerraron los posgrados en Economía agraria y Extensión rural, interrumpieron investigaciones en genética y ecología, y los estudios destinados a intervenir en los grandes problemas económicos y sociales del agro”, cuenta la historiadora.

–¿Cuál fue el rol específico de la SRA?
–La SRA tuvo desde sus comienzos un peso importante en la institución, con voz y voto en su consejo directivo, y siempre abogó para que el INTA se limitara a las tareas “técnicas” y se mantuviese al margen de las políticas. En los años previos al golpe protagonizó con otras entidades numerosos paros agrarios y un enfrentamiento abierto a todas las iniciativas del área agropecuaria, a las que calificaban en los principales diarios como ataques a la propiedad privada e “infiltraciones marxistas”, pese a que no eran iniciativas radicales. La Sociedad Rural también aportó integrantes de sus filas como funcionarios del área de agricultura durante la dictadura, momento en que las principales medidas apuntaron a suprimir los derechos de exportación, eliminar las retenciones y las diferencias de cambio, liberalizar el comercio exterior y otorgar una reducción arancelaria a insumos clave (insecticidas, herbicidas, fertilizantes). El histórico desequilibrio entre la región pampeana y el “resto del país” fue también profundizado por las políticas de apertura económica.

–¿Cuáles fueron los beneficios del sector?
–Los productores más grandes y concentrados que representa la entidad mantuvieron su rol como interlocutores y destinatarios de las tareas del INTA en este período, a diferencia de lo que sucedió con los más pequeños y descapitalizados. Esto en un marco donde avanzaba una expansión agrícola centrada en la Pampa Húmeda, cuya contracara fue una crisis profunda y la expulsión de población del campo. En cuanto a la introducción de mecanismos represivos y a su instrumentación, los representantes de la SRA compartieron con el resto del consejo directivo la conformación de un discurso que desplazó la figura del “saneamiento” técnico y vegetal, tan común en la práctica del organismo, al “saneamiento” y “depuración” de la institución. Así, se hablaba en las reuniones de Consejo de “sanear” el organismo, en consonancia con la “racionalización” dispuesta a nivel nacional.

“A MI MAMÁ ALGUIEN LA MARCÓ”
Guido Prividera, sociólogo e integrante de la Comisión de Reparación Histórica del INTA, es hijo de Marta Sierra, una investigadora del área de Ecología del INTA Castelar que fue secuestrada un día después de la intervención del organismo; y explica la lógica de la nueva causa abierta en la Justicia por lo ocurrido en el Instituto. También marca la responsabilidad de la Sociedad Rural.
Dice Guido que empezó a preguntarse qué pasó en el INTA cuando escuchó las primeras denuncias sobre la participación de civiles durante la última dictadura. “Alguien hizo allí las listas, alguien señaló a mi mamá para que la vinieran a secuestrar, no fueron los militares”.

–¿Cómo empieza la investigación?
–Me acuerdo de que venía escuchando en una radio una primera denuncia de la causa por la Mercedes Benz y las implicaciones civiles. Con mi hermano nos rebotaba en la cabeza una especie de paralelismo. Nos preguntábamos: “¿Y en INTA qué pasó?” Hicimos una primera denuncia con el abogado de la causa Mercedes Benz en ese momento. Allí aparece denunciado (Jorge) Zorreguieta, (Mario) Cadenas Madariaga y la cadena de mandos hasta (José Alfredo) Martínez de Hoz, que eran los nombres que teníamos porque los de los nueve milicos que entraron a mi casa y se llevaron a mi mamá no los sabemos.

–¿Qué pasó con esa causa?
–Terminó como causa satélite de “Jefes de Area”, de acuerdo con una lógica geográfica: tomaron el lugar de la caída de ella, que fue la subzona Capital Federal, y entonces se perdió el hilito que ataba el motivo del secuestro al INTA. Se borró quién había dado la orden.

–¿Qué pasó con ella?
–A mi mamá se la llevan el 30 de marzo de 1976 de mi casa, de madrugada. El 29 marzo la habían ido a buscar al INTA Castelar, donde no la encontraron porque me había tenido a mí y estaba con licencia. Ahora, con la presentación elegida en la nueva causa, la lógica es distinta: estamos diciendo “Señores, acá el núcleo común es el INTA”. Cuatro desaparecidos en Castelar, un detenido en Pergamino, asesinados por Paraná, no todos están presentados, pero cesantearon a la quinta parte del organismo y los secuestros y desapariciones se aplicaron en todo el país. De algunos lados no tenemos todavía ni siquiera registros. Suponemos que algo pasó, pero no tenemos la lista de los desaparecidos.

–¿Cómo era el trabajo de tu madre?
–Mi mamá aparece en el legajo como administrativa porque todavía no tenía el título de bióloga, pero en la práctica era una investigadora más del equipo de Ecología. Ahí estaba Jorge Morello, que es pionero en ecología en la Argentina. De hecho, recibió este año el premio Houssay a la trayectoria científica. La línea era totalmente innovadora: frente a una lógica más productivista, de medir qué te da más soja, más maíz o más trigo, Ecología estudiaba ecosistemas. Era un grupo de avanzada que ya en 1975 es desarmado: a algunos los echan, otros sufren persecución y a mi mamá la derivan a la guardería. En las cartas a las amigas, ella dice: “Me parece que nos van a echar”. Lo que terminó siendo el secuestro y desaparición, para ella era que la echaban, porque eso había pasado con el resto. Lo que efectivamente aparece atrás es que desaparecen las líneas de investigación que se desarrollaban. Y eso que aparece atrás en realidad es lo primero.

–¿En qué sentido?
–Hay una frase de Giberti (subsecretario de Agricultura en 1973) muy clara en un reportaje a la televisión holandesa. El dijo que la Sociedad Rural entendía que el secretario de Agricultura tenía que ser el representante de ellos, de la Sociedad Rural, ante el Estado, y no un funcionario del Estado al servicio del bien común. Creo que es muy ilustrativo sobre lo que hacen con el INTA. Las líneas que destruyen son las que van contra sus intereses. Todos estos señores (de la SRA) viven en la zona del Gran Buenos Aires, no necesitan un INTA con educación popular o alfabetización. Fue barrida toda la conexión con el territorio.

–¿Se puede pensar como bloque aquella “mesa de enlace”?
–Me parece difícil pensarla como un bloque en aquel momento. Hay ciertos sectores de FAA que son perseguidos por la dictadura. La SRA es la que pone a sus miembros como funcionarios del INTA y de la Secretaría de Agricultura y la que el 24 de marzo de 1977 saca una solicitada en los diarios agradeciendo a las Fuerzas Armadas por la tarea cumplida.

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Imagen: perfil.com
Publicado en Página/12 / Edición del 2 de enero del 2013