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Por Jorge Cadús / 10 de Mayo de 2013
30 AÑOS DE LOS ASESINATOS DE CAMBIASSO Y PEREYRA
ROSSI
A SU DEBIDO TIEMPO / PRIMERA PARTE
El 14 de mayo se cumplen treinta años del
secuestro y fusilamiento de los militantes
peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra
Rossi. Los crímenes de El Viejo y Carlón,
cometidos en mayo de 1983, siguen dando forma a
una causa judicial que puede poner al
descubierto la serie de órdenes que
instrumentaron el plan represivo de finales de
la dictadura. Después de 30 años de lucha
permanente en las calles y en los pasillos de
Tribunales, la Justicia comienza a colarse por
algunos resquicios. Esos mismos resquicios que
tal vez intuyó "Carlón" Pereyra Rossi, cuando
escribió "sé que serán devueltos / los servicios
prestados / a su debido tiempo". Primera parte
de una crónica necesaria.
LOS HECHOS
La historia puede comenzar a contarse desde
el relato de media docena de testigos.
En la mañana del sábado 14 de mayo de 1983,
Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi fueron
vistos con vida por última vez en un bar de
Córdoba y Ovidio Lagos. Cambiaso y Pereyra Rossi
estaban reunidos en el bar Magnum, planificando
la reorganización del movimiento peronista en el
advenimiento de la democracia.
Ninguno de los dos vio estacionar un Furgón
Mercedes Benz, sin patente, del que bajaron
cinco hombres armados vestidos de civil. Tras
ingresar al lugar fueron inmediatamente a la
mesa de los dos militantes y los golpearon con
culatazos mientras ponían a los clientes contra
la pared.
El único testigo de la causa, reveló la
presencia de dos Ford Falcon, uno celeste
metalizado, con patente de Capital Federal, y el
otro amarillo. Según este testimonio los dos
dirigentes fueron llevados al Furgón, que partió
escoltado por los otros dos autos.
El 17 de mayo de 1983 el Ministerio del Interior
de la Nación y la Jefatura de Policía de la
Provincia de Buenos Aires, difundieron un parte
donde afirmaban que habían sido "abatidos en un
enfrentamiento" con la policía bonaerense.
De acuerdo a esa versión oficial, los militantes
habrían muerto luego de un "intenso tiroteo" con
efectivos del Comando Radioeléctrico de la
Unidad Regional Tigre, al mando del oficial
inspector Luis Abelardo Patti, secundado por el
sargento Rodolfo Diéguez y el cabo Juan Amadeo
Spataro.
Según esa explicación, el "enfrentamiento"
ocurrió a las 17.30 del sábado 14 de mayo de
1983, a la altura del kilómetro 103 de la ruta
Panamericana, cerca de la localidad bonaerense
de Lima. Cambiaso y Pereyra Rossi habrían usado
"un arma 9 milímetros y una pistola calibre 38".
El entonces Jefe de la Policía Bonaerense,
general Fernando Verplaetsen, felicitó a los
agentes involucrados: "acá se parte de la base
de que son malos y actuaron mal, y yo creo que
actuaron muy bien", sostuvo el militar.
Sus palabras fueron respaldadas por el Jefe del
Ejército, general Cristino Nicolaides, y por el
presidente de la Nación, general Reynaldo Benito
Bignone, quien calificó a los tres asesinos como
"tres jóvenes valientes".
JUECES
El 20 de mayo del 2004, el abogado Norberto
Olivares relató que "la causa tuvo, en sus
inicios, en 1983 al juez de Rosario Eldo Juárez,
que investigó el presunto delito de secuestro.
Como los cuerpos aparecen fusilados en un campo
cerca de Zárate, en jurisdicción de la provincia
de Buenos Aires, y habiendo intervenido la
Policía de esa provincia, se da una cuestión de
competencia. Y Juárez dice que el que tiene que
seguir investigando es el juez de San Nicolás.
La postura de los familiares es que el secuestro
y la muerte eran parte de un mismo hecho y por
tanto la investigación tenía que ser única, y
producirse acá en Rosario porque el secuestro se
había producido en Rosario. Se sigue el hilo
investigativo de la versión oficial: el
enfrentamiento. Primero se dicta la falta de
mérito, y después sobreseimiento definitivo para
Patti y los otros dos policías. Allí, la
instancia judicial, por lo menos en el país,
queda culminada".
El Juez Federal de San Nicolás Luis Hilario
Milessi, investigó el hecho bajo la carátula de
"atentado y resistencia a la autoridad, abuso de
armas, doble homicidio en riña y tenencia de
arma". Milessi era "un ex miembro de las Fuerzas
Armadas y padre de un médico policial de la zona
de San Nicolás", como lo denunció en esos días
el abogado Augusto Conte.
Sin embargo, una autopsia realizada el 21 de
mayo de ese mismo año comprobó que Cambiaso
murió "tras recibir un balazo en la nuca,
disparado a menos de un metro de distancia", y
que tenía "signos de golpes en sus hombros,
codos y rodillas". Otro examen médico demostró
que Pereyra Rossi "fue torturado con picana",
antes de ser asesinado de un tiro. La autopsia
reveló también que los fusilamientos se
produjeron el mismo 14 de mayo, a las 17:00 hs
aproximadamente.
Diferentes investigaciones mencionan como el
posible lugar donde los militantes fueron
sometidos a esas torturas el centro clandestino
que funcionaba en la Escuela Magnasco (en Ovidio
Lagos y Zeballos) y un furgón estacionado en el
costado de bulevar Oroño contra el obrador de
Circunvalación.
La investigación tomó impulso con lo hecho por
el juez penal de San Nicolás, Juan Carlos
Marchetti, quien dictó la prisión preventiva de
los policías.
En las pericias realizadas durante la tercera
autopsia por el doctor Eduardo Pedace, un
histopatólogo de 79 años experto en balística,
se demostró que los disparos fueron hechos desde
menos de dos metros.
Marchetti dispuso la prisión preventiva de los
tres policías, acusados de "homicidio calificado
reiterado", y ordenó las detenciones del médico
policial José Gobbi (autor de la primera
autopsia) y del comisario Carlos Pascual
Guaragna, acusados de "falso testimonio y
falsificación de documento público".
Para ese entonces, el juez rosarino Jorge Eldo
Juárez había remitido todas las actuaciones a
Marchetti, pidiendo la unificación de las
causas. Los acusados Luis Abelardo Patti,
Rodolfo Diéguez y Juan Amadeo Spataro quedaron
detenidos en la unidad carcelaria Nº 3 del
Servicio Penitenciario Provincial, en San
Nicolás.
Pero por un tiempo breve: el 4 de noviembre de
1983, la Cámara Segunda de Apelaciones de esa
ciudad confirmó el sobreseimiento provisorio.
Los tres policías quedaron en libertad. El
tribunal consignó en su fallo que "los testigos
fueron modificando sus dichos originales".
Con el tiempo, el sobreseimiento provisorio se
convirtió en definitivo, el mismo día que se
sancionaba la ley de Obediencia Debida.
VOCES
En forma paralela a las dos investigaciones
judiciales, un grupo de abogados de diferentes
corrientes políticas conformaron una Comisión
Investigadora que se ocupó del caso.
Participaron de ella, entre otros, Marcelo
Parrilli, Nilda Garré y el ya mencionado Augusto
Conte.
Esa Comisión presentó a fines de mayo de 1983
ante los Juzgados intervinientes una nota
anónima con una descripción de los hechos, donde
se revelaba que "el propio sargento Dieguez
habría comentado a sus compañeros de Zárate que
Patti fusiló a cambiaso y Pereyra Rossi por la
espalda, a pesar de que en ningún momento habían
ofrecido resistencia". Además, el anónimo
sostenía que "para este hecho eligieron a Patti
por sus antecedentes criminales, su sangre fría
y su cinismo, y porque siempre se jacta de que
no habla ni pasándole la picana".
La nota relataba que ya secuestrados, los
dirigentes fueron "trasladados a un galpón
donde, tras grandes forcejeos, son reducidos y
se les inyectan somníferos", para después
asesinarlos.
"El oficial principal y el cabo Spataro bajan
del patrullero que conducía el sargento Diéguez
y descargan sus escopetas por atrás sobre los
cuerpos inermes (y anestesiados) de los
secuestrados", afirmaba la carta, para seguir
contando que luego "son colocadas en manos de
los muertos las armas calibre 38 y 9, y las
hacen disparar, para demostrar en el posterior
peritaje que los muertos habían participado
activamente de un tiroteo".
El documento denunciaba que la autopsia a los
cadáveres fue realizada "por médicos amigos" que
la hicieron "de cualquier forma", y descubría
también la feroz interna policial, y las
relaciones entre las distintas fuerzas y
servicios de inteligencia.
TESTIGOS
En sede judicial solamente declaró uno de los
testigos del secuestro en el bar Magnum, de
apellido Suárez. El juez federal nicoleño Juan
Marchetti sostuvo que "un solo testimonio no
alcanza" para probar la detención ilegal, y
conectar el hecho con el fusilamiento de los
secuestrados.
Sin embargo, Ethel Cambiaso cuenta que "el
secuestro fue presenciado por varios
parroquianos, pero cuando se les pidió que
comparecieran ante el juez pidieron que no los
comprometieran". La hermana del dirigente
asesinado contó que el dueño del bar "sufrió una
descompensación cardíaca cuando iba hacia el
tribunal, y finalmente no compareció".
En una conferencia de prensa en 1983, Gladys
Cambiaso destacó que el testimonio del mozo del
bar ante la policía no era el mismo que ella
había recibido personalmente de ese testigo. Los
investigadores explicaron que "la información
había sido lograda mediante el ejercicio de una
cierta insistencia o presión sobre el
declarante". La hermana del dirigente asesinado
incluyó el testimonio de "una persona que se
encontraba al lado del kiosco de diarios y pudo
ver que quienes realizaban el operativo portaban
ostensiblemente armas y utilizaban por lo menos
dos vehículos, una camioneta azul y un Ford
Falcon o un Torino". El testigo afirmó que "una
de las víctimas fue sacada del bar con la boca
amordazada, conducida a la rastra por el suelo,
con la cara sobre el piso, e introducida a la
camioneta por la parte trasera". Este testigo
entró al bar luego de los hechos, y vio al mozo
limpiando una mancha de sangre en el piso.
Cuando el 4 de noviembre, la Cámara 2ª de
Apelaciones de San Nicolás confirmó el
sobreseimiento provisorio de los policías
acusados, ratificando el pronunciamiento del
juez Marchetti, consignó en su fallo que los
testigos fueron modificando sus dichos
originales: "Uno no vio lo que parece insólito
no viera, otro no oyó lo que era audible para
cualquiera; aquel no estaba donde debía estar".
Y pese a calificar "de débil contextura" la
credibilidad de Patti, dictó el sobreseimiento.
EL PERFIL DE UN ASESINO
El nombre de Patti aparece en el Legajo de
la Conadep Nº 2530.
Allí puede leerse: "Patti: alias 'El Loco'.
Oficial de policía. Integrante del Grupo de
Tareas del Centro clandestino de detención que
funcionaba en la Comisaría de Tigre, provincia
de Buenos Aires".
Cuenta el periodista Horacio Verbitsky que los
vecinos de Baigorrita, un pueblo del oeste de la
provincia de Buenos Aires cercano a Junín,
"recuerdan a Patti como el adolescente que
torturaba y mataba gatos para desesperación de
su madre, Manuela Presi".
María Isabel Mariani, integrante de Abuelas de
Plaza de Mayo, lo reconoció como uno de miembros
de la patota que irrumpieron en su casa, un día
después de la desaparición de su hijo Daniel
Mariani, su nuera Diana Teruggi y su nieta Clara
Anahí. Cuenta Norberto Olivares: "Patti no
solamente participó activamente de la policía de
Camps en la década del '70, fue un dilecto
discípulo de Camps. No sólo participa en el
asesinato de Cambiasso, sino que ha mantenido
desde entonces una permanente conducta de
represor, de apología del delito, apología de la
represión, de los apremios ilegales. Y con esta
ola de la inseguridad que ha aparecido en el
debate, vuelve a aparecer como un catedrático,
un especialista en inseguridad. Un tipo que
tiene las manos manchadas de sangre y el alma
sucia por toda esta situación".
Luis Abelardo Patti -como el asesino de Tucumán,
Antonio Bussi, o el pequeño dictador de Salta,
Ulloa- se recicló en democracia, predicando
"mano dura" y "orden" en épocas de difusión de
inseguridades.
Para el periodista e historiador Osvaldo Bayer,
"Obediencia Debida y Punto Final hicieron
posibles el nido de víboras que permitió a Bussi
en Tucumán, a Patti en Escobar, a Ruiz Palacios
en el Chaco, a Ulloa en Salta, a los policías
santafecinos siempre presentes en las mismas
oficinas desde donde torturaron y a todos los
demás que pasaron después de la carta blanca de
las dos nefastas leyes a compartir las
instituciones que tendrían que haber estado
reservadas para quienes demostraron en los años
de la infamia un poco de coraje civil y
vergüenza democrática. El Congreso de la Nación
los legitimó. Fue el Parlamento -que tendría que
ser el símbolo por excelencia de la democracia-
el que escondió los cadáveres en el ropero".
DOCUMENTOS
En el año 2002, el Departamento de Estado
estadounidense desclasificó sus archivos
relacionados con la represión ilegal en
Argentina entre 1975 y 1983.
En relación con el asesinato de Cambiaso y
Pereyra Rossi, se encontró un telegrama de la
embajada norteamericana donde aparece el
apellido Pati, sindicado como uno de los
responsables de la operación de mayo del 83 en
Rosario.
"Existe la amplia presunción de que lo que
parece haber sido una ejecución no habría
ocurrido si no hubiesen existido órdenes de la
cúpula militar", sostiene uno de los documentos
de la embajada estadounidense en Buenos Aires,
que evidentemente no creía en la historia
oficial.
Más allá de algunos errores ortográficos y de
tipeo, en los archivos originales, en su gran
mayoría en inglés, aparece el apellido "Pati",
señalado como uno de los responsables de la
operación. Los telegramas que la embajada
remitió al Departamento de Estado reiteran las
acusaciones de la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos (APDH): "Fue un claro caso de
asesinato realizado por grupos parapoliciales o
paramilitares".
En junio del 83, los documentos de la Embajada
reflejan el estado de las investigaciones
paralelas de los jueces Juan Marchetti y Jorge
Eldo Juárez, cada uno en su correspondiente
jurisdicción. "Marchetti ordenó la
reconstrucción de los hechos después de estudiar
una segunda autopsia de los cuerpos. La nueva
autopsia indica que Cambiaso fue baleado desde
corta distancia y Pereyra recibió shocks
eléctricos. La primera autopsia, realizada por
policías forenses, inexplicablemente omite estos
descubrimientos", destacan.
Y afirman que "existe la amplia presunción de
que lo que parece haber sido una ejecución no
habría ocurrido sin órdenes de la cúpula
militar. Ya circulan rumores sobre la
posibilidad de un alejamiento de Bignone", para
añadir que "la Junta insistiría en remover el
caso de la jurisdicción de Marchetti y pasar el
caso a una corte militar. Según entendemos, esto
sólo podría hacerse produciendo evidencia que
pruebe que los policías actuaron bajo órdenes
militares".
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Imagen: Carina Barbuscia sobre fotos de
juventudliberacion.bligoo.com.ar,
villadelrosario.wordpress.com y pagina12.com.ar
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