Por Grupo Editor / 30 de Noviembre de 2012
LAS DEUDAS DE LA DEMOCRACIA
LOS JUEVES POR VENIR
Ese entrañable compañero que fue Osvaldo
Foressi solía repetir: "es necesario que todos
los días sea jueves". Y uno imaginaba una semana
hecha de memorias y abrazos, de esperanzas y
rebeldías. Una semana echa de jueves repetidos
pero nuevos, de días en donde el olvido pierde
por abandono, derrotado en cada paso de la
marcha de las Madres de Plaza 25 de Mayo. Que
cada día sea jueves, hasta que la democracia
termine de curar las heridas abiertas. Que cada
día sea jueves hasta que la democracia se libere
de curas asesinos, de jueces cómplices, de
políticos indiferentes. Que cada día sea jueves,
y en jueves marchemos por verdad y justicia.
Audio: Motta Luna - Plegarias
El miércoles 28 de noviembre, el Senado de Santa
Fe postergó -una vez más- el tratamiento de la
pensión para las Madres de Plaza 25 de Mayo,
proyecto presentado por el diputado Gerardo Rico
y que cuenta ya con media sanción de la Cámara
baja provincial.
El relato de unos de los compañeros presentes en
la jornada fue contundente: "no se incluyó la
Ley de Pensión a las Madres; y mucho menos de
Centros de Estudiantes, presentado por Eduardo
Toniolli, que también cuenta con media sanción.
Ahora hay una tensa espera en una serie de
paquetes que se llaman "canje", con Diputados,
donde se incluirían ambas, en una supuesta
sesión del 30. No hubo compromiso, no hubo celo
por hacerlo, de ninguno de los bloques
senatoriales, pese a los compromisos hablados.
Nadie se jugó..."
Pero la marcha de las Madres insiste, se
extiende.
Abre surcos en los cementos del silencio y la
impunidad.
Nada detiene una marcha tan encendida de
memoria.
Nadie detiene una marcha tan florecida de
Justicias.
Y en ese sendero difícil de la justicia, el
martes 27 de noviembre, el cura Eugenio Segundo
Zitelli prestó -una vez más- declaración
indagatoria por su participación directa en el
Terrorismo de Estado.
Fue a pedido del fiscal Gonzalo Stara que el
juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque,
ordenó la declaración indagatoria de 16
imputados en la Causa Feced; y entre ellos, el
primero, el ex capellán policial durante la
última dictadura militar.
Bailaque imputó a Zitelli por "haber intervenido
en carácter de capellán del Servicio de
Informaciones y de la Alcaidía de la Jefatura de
Policía de Rosario en la privación ilegítima de
la libertad, mediando violencia y amenazas de
Patricio Downes, Tomasa Verdum, José Raúl
Villarreal, María del Rosario Ortiz de
Villarreal y Miguel Angel López".
El cura, por asesoramiento de su abogado
defensor, Oscar Romera, se abstuvo de declarar.
El pasado 20 de marzo, Bailaque lo había
procesado como partícipe necesario de los
delitos de privación ilegal de la libertad,
agravada, por mediar violencia y amenazas contra
otras nueve víctimas.
Zitelli recuperó su libertad el 11 de abril
pasado, previo pago de 50.000 pesos de fianza.
La Justicia demuestra, paso a paso, lo que
nuestras Madres, familiares y sobrevivientes,
denunciaron durante 36 años: la complicidad de
gran parte de la Iglesia con el accionar
represivo.
Los juicios se multiplican, embarazados de
mañanas.
Los relatos de víctimas y sobrevivientes trenzan
una larga costura de dignidades, uniendo los
retazos perdidos de la patria.
El ejemplo de los pañuelos rosarinos cobra
fuerzas, adquiere su verdadera dimensión
histórica.
Ellas, nuestras Madres, desafiaron al tiempo de
los relojes.
Giraron a contrapelo de la obediencia debida, el
punto final y los indultos.
Sembraron rebeldías que hoy florecen entereza.
El próximo 12 de diciembre comenzará el primer
Juicio oral y público que abordará los delitos
de lesa humanidad cometidos en la zona del
Cordón Industrial. El proceso tiene como
imputados el coronel retirado Rubén Osvaldo
Cervera; el capitán retirado Horacio Maderna y
Pedro Alberto "Pili" Rodríguez, un abogado que
asesoró al municipio de San Lorenzo durante la
dictadura y luego fue concejal en democracia. El
expediente -que fue separado de la investigación
judicial por el secuestro y desaparición de
militantes y trabajadores del cordón industrial
de San Lorenzo- tiene como única víctima a
Manuel Casado; y se tramitará en el Tribunal
Oral Federal 1 (TOF 1), presidido por el juez
Ricardo Moisés Vázquez, y con Otmar Osvaldo
Paulucci y Laura Cosidoy como vocales.
Es precisamente la figura de Cosidoy la que
despertó la polémica: en un documento suscripto
por nuestras Madres, junto a querellantes de las
causas contra el Terrorismo de Estado, Ex Presos
Políticos de la dictadura, Familiares de
Desaparecidos, Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos, Colectivo de ex Presos y
Sobrevivientes, HIJOS y diversas organizaciones
sociales, gremiales y estudiantiles, repudiaron
"que la jueza Laura Inés Cosidoy, quien confesó
su amistad con el ex dictador Leopoldo Fortunato
Galtieri, integre cualquier Tribunal que tenga
como misión juzgar a los genocidas".
Cosidoy es recordada por decenas de testigos
como una abogada oficial que "maltrataba a sus
familiares, que no tomaba en serio las tremendas
denuncias que estos le realizaban, y que incluso
les decía a los entonces presos políticos que
debían colaborar con las autoridades de la
dictadura y confesar lo que estas consideraban
crímenes".
Curas torturadores, jueces cómplices, políticos
indiferentes.
Demasiadas deudas acumulan estos 29 años de
democracia santafesina.
Una democracia que debe sustento y origen a esas
Madres que cada jueves giran contra el tiempo y
el olvido. Giran o danzan.
Son -a la vez- cielo y paloma.
