Por Jorge Cadús / 23 de Noviembre de 2012
LA REPRESIÓN EN VILLA CONSTITUCIÓN
INVERSIÓN PARA LA MUERTE. Primera Nota
El procesamiento de Carlos Blaquier por su
participación en crímenes de la dictadura abre
una nueva instancia en los juicios por delitos
de lesa humanidad: el tiempo de pensar y
discutir qué firmas y empresarios pagaron y
motorizaron el secuestro y la muerte, denunciar
sus nombres, y llevarlos frente a la Justicia.
En Villa Constitución, la doblemente silenciada
historia de la invasión de 1975 abre el camino
para señalar la responsabilidad de Acíndar y sus
empresas satélites en la represión sobre los
trabajadores.
Audio: Victorio Paulón - Miembro del Comité
de Huelga en 1975
BLAQUIER PROCESADO El Juez Federal de Jujuy, Fernando Poviña,
decidió el procesamiento del poderoso empresario
Carlos Pedro Blaquier, titular de la firma
Ledesma SAAI; al tiempo que el administrador de
la empresa en ese momento, Alberto Lemos,
también fue procesado pero como partícipe
secundario de esos mismos delitos. Aunque tanto
Blaquier como Lemos permanecen en libertad, el
juez les prohibió la salida del país, fijándoles
un embargo de 11 millones de pesos a Blaquier y
otro de 5 millones y medio a Lemos.
Poviña tomó esas medidas luego de analizar las
pruebas que comprometen a Blaquier en el
secuestro masivo de trabajadores que se conoce
como la Noche del Apagón, que se sucedieron
entre el 20 y 27 de julio de 1976 en Ledesma,
Calilegua y General San Martín, las tres
localidades que componían la zona de influencia
del Ingenio Ledesma.
El juez consideró que Blaquier fue partícipe
primario de 29 de esos secuestros.
La historia oculta de las empresas que no sólo
se beneficiaron, sino que promovieron y pagaron
la represión sobre los trabajadores, comienza a
romper el pesado velo de silencios e impunidad
que supieron tejer en años de democracia.
Y algo debe quedar en claro: no fueron
cómplices. Fueron protagonistas de esa
represión.
SERPIENTE ROJA DEL PARANÁ En diciembre del 2010, en el marco de los
juicios por los crímenes del Terrorismo de
Estado, dirigentes de la Central de Trabajadores
Argentinos (CTA) y de la Unión Obrera
Metalúrgica (UOM) de Villa Constitución, junto a
la Liga Argentina por los Derechos del Hombre,
realizaron una presentación para querellar
penalmente a los responsables del Operativo
Serpiente Roja del Paraná, acaecido el 20 de
Marzo de 1975 en Villa Constitución.
La presentación se realizó ante el Juzgado de
Instrucción Federal en lo Criminal y
Correccional Nro. 5 de la Capital Federal, a
cargo de Norberto Oyarbide. Los representantes
gremiales anunciaron que buscaban "querellar
penalmente a los responsables del Operativo
Serpiente Roja del Paraná".
El Operativo citado funcionó "como antecedente
ideológico, discursivo y metodológico del
accionar criminal desde el Estado que se
consolidaría tras el golpe del 24 de marzo de
1976", sostiene la presentación, que tiene "el
declarado propósito de buscar la condena de
todos los responsables del genocidio, sean éstos
tanto sus ejecutores materiales como todo el
bloque social que se benefició con éste: los
grupos económicos, políticos, intelectuales y
todos los sectores del Poder Real que inspiró y
llevó a cabo el Terrorismo de Estado en la
Argentina y en la región".
En forma paralela, la denuncia "se orienta a
probar la existencia de mecanismos de terrorismo
estatal tendiente a disciplinar y desarticular
el movimiento de lucha gremial y político con
carácter previo al golpe" del 24 de marzo de
1976.
La denuncia penal involucra a José Alfredo
Martínez de Hoz; María Estela Martínez de Perón,
la totalidad de los miembros del directorio de
la empresa Acíndar al 20 de diciembre de 1975,
así como "los cuadros de la Policía Federal
Argentina, de Prefectura Naval, integrantes de
la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE),
miembros de la Policía de la Provincia de Santa
Fe, e integrantes del Gabinete Nacional que
guarden participación con los hechos del
operativo represivo y demás crímenes de lesa
humanidad vinculados a éste, entre otros la
existencia de un Centro Clandestino de Detención
que funcionara desde dicha fecha en las
instalaciones del Albergue de Trabajadores
Solteros de la Empresa Acíndar". Todos ellos,
son acusados de crímenes de lesa humanidad.
EL OPERATIVO El 19 de marzo de 1975, el gobierno de María
Estela Martínez de Perón anunció por medio de un
comunicado de prensa que los organismos de
inteligencia habían detectado "un complot
subversivo tendiente a paralizar la actividad
industrial, con epicentro en Villa
Constitución".
En la madrugada del 20 de marzo comienza el
llamado "Operativo Serpiente Roja del Paraná".
Desde las 4 de la mañana, las "fuerzas
combinadas de seguridad" inician una serie de
controles de tránsito en las Rutas Nacionales Nº
8 y 9; en el acceso norte de Capital Federal, en
los cruces con la Ruta Nacional Nº 197, en la
zona del Delta de las islas, y sobre la Ruta
Nacional Nº 12.
El diario La Capital, de Rosario, reflejará en
sus titulares del día siguiente que se
realizaron "Sesenta procedimientos desde norte
de Gran Buenos Aires hasta San Lorenzo". Allí se
relata parte de la crónica de lo sucedido: el
rastreo llevado a cabo por uniformados con ropa
de fajina, con el apoyo de helicópteros, en el
barrio rosarino de La Florida; los
procedimientos en Puerto General San Martín, en
Granadero Baigorria, en Campana, San Pedro,
Zárate, Baradero, la requisa casa por casa en
San Nicolás. La represión alcanza a varias
fábricas del cordón industrial: en John Deere,
Hanomag y Galizia Bargut, de la localidad de San
Lorenzo, son detenidos dirigentes y activistas
obreros.
En ese marco, Villa Constitución es sitiada por
las fuerzas represivas. Cuatro mil efectivos de
las llamadas "fuerzas conjuntas", más 500
matones a sueldo y grupos de la Juventud
Sindical Peronista (JSP), fundada por José
Ignacio Rucci, tomaron la ciudad.
Una caravana de un kilómetro y medio, compuesta
por Ford Falcon, patrulleros y celulares.
Fuerzas "legales" y acciones clandestinas de la
Triple A.
Más de 300 obreros fueron encarcelados. Otros
secuestrados, torturados y asesinados. La
Comisión Directiva de la seccional de la UOM,
excepto Luis Segovia, cae detenida: Alberto
Piccinini, Juan Rodolfo Acuña, Benicio Donato
Bernachea, Dante Melchor Manzano, Adolfo Onorato
Curti y Aragón son alojados en la Jefatura de
policía de Rosario. También es detenido el
secretario general de la Unión Ferroviaria de
Villa Constitución, Carlos Sosa.
EL ARGUMENTO DE LA REPRESIÓN "Informes coincidentes, detallados y
verificados por organismos de seguridad e
inteligencia del Estado Nacional y de los
gobiernos provinciales, permitieron detectar un
complot de características inusuales en la
Argentina. La gravedad de los hechos es de tal
naturaleza que permiten calificarla como el
comienzo de una vasta operación subversiva
terrorista, puesta en marcha por una deleznable
minoría nacional. El escenario elegido abarcaba
toda la zona industrial del río Paraná, entre
Rosario y San Nicolás", remarcaba el Comunicado
Oficial emitido por el gobierno nacional y
publicado por los diarios al día siguiente del
operativo.
Seguía diciendo el parte oficial que fuerzas
combinadas de seguridad de la Policía Federal,
la Prefectura Nacional Marítima y los organismos
policiales de las provincias de Buenos Aires y
Santa Fe concretaron un operativo "tendiente a
desvertebrar el complot", que -siempre de
acuerdo a la explicación del gobierno nacional-
tenía entre sus objetivos "paralizar la
producción industrial" en el área comprendida
entre Rosario y San Nicolás, con epicentro en la
ciudad de Villa Constitución;"copar y usurpar
las delegaciones gremiales de la zona, para
instalar direcciones ilegítimas" para intimidar
a obreros, empresarios y dirigentes; y "obligar
a los obreros ubicados en puestos claves a no
concurrir a sus tareas, paralizando así las
líneas más importantes de producción de cada
empresa".
El comunicado, publicado por el diario La
Opinión, de Buenos Aires, el 21 de marzo,
cerraba afirmando que "El Gobierno nacional
continuará garantizando ampliamente, como en
este caso, el derecho al trabajo de todos los
habitantes".
Más allá del argumento oficial, el periodista
Miguel Bonasso sostiene que la intención de ese
operativo fue "reducir a su mínima expresión el
poder de las conducciones sindicales
tradicionales y borrar de la faz de la tierra a
esa dirigencia de base que Ricardo Balbín había
marcado como 'guerrilla industrial'...".
RESISTENCIAS Como respuesta a la represión, se lanza la
huelga general por tiempo indeterminado hasta la
libertad de todos los detenidos, a la que
adhieren otros gremios no sólo de la ciudad,
sino también regionales. Al mismo tiempo se
conforma un Comité de lucha, con dos delegados
obreros por fábrica: Acíndar, Metcon, Marathon y
Vilber. También declaran la huelga los obreros
de la textil Cilsa, la Unión Ferroviaria y La
Fraternidad.
Del Comité participan también organizaciones
políticas, entre ellas el Partido Revolucionario
de los Trabajadores (PRT), la Organización
Revolucionaria Poder Obrero (ORPO), el Partido
Socialista de los Trabajadores (PST) y
Montoneros.
"Se rompió la paz. El verdadero objetivo de la
represión era descabezar a nuestro movimiento
por el delito de ir consiguiendo conquistas para
los trabajadores", sostenía el primer comunicado
del Comité.
La huelga metalúrgica del sur santafesino se
extendió a lo largo de 59 días, con el apoyo de
los pequeños comerciantes de la zona, abarcando
-entre otras localidades- a Arroyo Seco, Villa
Diego, Rosario, San Nicolás y Figueras.
El 1 de abril llega el nuevo interventor de la
delegación de la UOM, designado por el
Ministerio de Trabajo: Simón de Iriondo, quien
-como lo recuerda Victorio Paulón- "se paseaba
con una propaladora llamando a aplastar la
víbora roja de la subversión".
Una semana después, Iriondo es reemplazado por
Alberto Campos, designado directamente por la
UOM Nacional. Los telegramas de despidos se
multiplican. El secretario de la OUM nacional,
Lorenzo Miguel, declara por esos días que el
conflicto "no es gremial, porque nosotros no
tenemos problemas gremiales. Lo que dan los
diarios es una leve pauta de lo que sucede en la
línea roja del Paraná". El 9 de abril, el sector
que responde a Miguel junta militantes, los
lleva a la puerta de Acíndar -que seguía en
paro- y amagaron con entrar a trabajar, cantaron
el Himno Nacional y la marcha "Los muchachos
peronistas", y se fueron.
El 16 de abril, un acto masivo en la Plaza
Central de la ciudad da su apoyo al Comité de
Lucha.
"Envalentonados con esa experiencia -relata
Paulón- hicimos una marcha todavía más grande el
22 de abril, pero ahí la represión fue feroz.
Estaba la fuerza especial de Los Pumas ocupando
todos los accesos a Villa Constitución. A un
micro que venía con militantes de San Nicolás lo
mandan a Coronda; cuando las columnas se
encaminan hacia la plaza empiezan los gases y
los tiros. Había francotiradores en la torre de
la iglesia y dos helicópteros del Ministerio de
Bienestar Social de la Nación sobrevolaban la
ciudad".
La concentración de ese 22 de abril había
convocado a toda la región: alrededor de 17.000
personas movilizadas en las concentraciones. La
represión policial arroja varios heridos y
detenidos.
El 23 de abril un nuevo paro general repudia el
accionar represivo.
Los paros y los actos públicos en solidaridad
con los trabajadores de Villa Constitución se
suceden en San Lorenzo, Rosario, Buenos Aires.
Algunos de los detenidos son liberados, otros
son trasladados a la cárcel de Coronda. Unos
quince son destinados a la cárcel de Rawson:
allí van los cinco dirigentes de la Comisión
Directiva.
RECUERDOS DE LA MUERTE Numerosos testimonios de trabajadores
registran que la madrugada del 20 de marzo de
1975, cuando la ciudad de Villa Constitución fue
sitiada por fuerzas represivas en el marco del
llamado Operativo Serpiente Roja del Paraná
-ordenado por el gobierno de Isabel Perón- el
cura Samuel Martino festejó el comienzo del
procedimiento haciendo sonar las campanas de la
parroquia.
En ese marzo de 1975, y en los días posteriores
de pólvoras y resistencias, cerca de 300
personas fueron detenidas, y decenas de obreros
y militantes sociales fueron asesinados.
José "Pepe" Kalauz recordó que aquel día "la
historia de Villa Constitución dio un giro
brusco. La tranquilidad de la ciudad industrial
se quebró, mientras 105 Ford Falcon atestaban
las rutas en una procesión siniestra que el
párroco de Villa, Samuel Martino, festejaría
haciendo repicar las campanas". Desde ese día,
cuanta Kalauz -que integró el Comité de Lucha
organizado para acompañar la huelga y frenar la
represión- "la cacería de dirigentes, militantes
y activistas comenzó inmediatamente en manos de
los matones de la Triple A y las fuerzas de
seguridad que tomaron la ciudad por asalto. Sin
saberlo, comenzaba nuestra epopeya y la huelga
que duraría 60 días".
Los investigadores Agustín Santella y Andrea
Andujar señalan en su trabajo "El Perón de la
fábrica éramos nosotros" que "la Iglesia de
Villa Constitución, al igual que luego lo haría
la jerarquía eclesiástica durante la dictadura
militar de 1976, apoyó la feroz represión, según
se ha podido constatar en varias entrevistas.
Muchos trabajadores comentaron que el cura
Samuel Martino (que oficiaba las misas en la
ciudad) 'hacía repiquetear las campanas de
alegría cuando llegaron los Falcon' a Villa
Constitución. Muchos relataron también que las
campanas sonaban para tapar los gritos de los
detenidos torturados en la comisaría".
"En efecto, si se camina por la avenida San
Martín en dirección a Empalme, puede ver que la
Iglesia principal y la comisaría de Villa
Constitución comparten la misma medianera",
concluyen Santella y Andujar.
COMO UNA SOMBRA SOBRE EL MUNDO El 27 de marzo de 1975, la represión en
Villa Constitución arrebata la vida de Ramón
Alberto Cabassi. Dos semanas después, el 10 de
abril, Miguel Angel Lobotti, obrero de Acíndar,
cae fusilado en una cancha de fútbol, en la
ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Desde su
muerte, hasta fines de 1976, se multiplicarán
las muertes de obreros de firmas como Acíndar y
Marathon, controlada entonces por el mismo grupo
empresarial.
La lista de vidas mutiladas crece. El 18 de
abril de 1975, Juan Carlos Ponce de León,
canillita, y Adelaido Viribay, trabajador
portuario, son asesinados en Villa Constitución.
Los testimonios recogidos por la Conadep relatan
que "un Fiat 1500 y un Ford Falcon ingresaron
por el camino de Indape -otra firma controlada
por Acíndar- y rondaron una casa donde se
realizaba una peña. A las doce de la noche, se
efectuaron varios disparos desde el Fiat 1500
que mataron al diariero Juan Ponce de León y al
obrero portuario Viribay, Adelaido". Apenas unos
minutos antes de los balazos, un apagón dejó sin
luz las calles del barrio Galotto, frente a
Acíndar.
Ponce de León era miembro de aquella peña que,
semana a semana, se reunía, en las narices
mismas del poder. La ráfaga de ametralladora
disparada desde el automóvil lo alcanzó mientras
servía las mesas donde un grupo de personas
estaban cenando. Viribay, por su parte, era
obrero portuario y jugador de bochas, oficio en
el que representaba a varias instituciones de la
ciudad en distintos campeonatos. Cayó muerto,
por la misma ráfaga que quemó la vida de Ponce
de León. Otro comensal resultó herido, y salvará
la vida por un rasguño de la suerte.
"Estos compañeros -recuerda José Schulman-
estaban desvinculados del conflicto, no tenían
participación alguna. Lo que parecía un "error"
y no tenía explicación dentro de fábrica en
aquellos días, debe enmarcarse sin duda en el
propósito de instalar el miedo en la población.
Que nadie se atreviera a reunirse, a cantar, que
no hubiera alegría en el pueblo".
Un día después, el 19 de abril, una marcha de
obreros de Acíndar sobre el centro de Villa es
atacada a balazos por personal enmascarado, que
ocupaban autos de la Policía Provincial. La
columna obrera había sido seguida también por un
helicóptero de la Policía Federal, que despegaba
desde el helipuerto de Acíndar.
El mapa de la muerte se extiende. Escribe el
prólogo de la noche por venir.
La geografía de la impunidad marca sus costados
más oscuros. Sus increíbles vértigos de
pólvoras. Sus olores esenciales: el olor de los
miedos. El olor de las muertes.
El obrero metalúrgico Rodolfo Ángel Mancini es
asesinado entre el 30 de abril y el 1º de mayo
de 1975. Como lo describe Osvaldo Aguirre,
"acribillado a balazos y quemado en el interior
de su auto, en Sarandí, provincia de Buenos
Aires". Mancini era delegado en la firma Metcon,
donde se había convertido en referente de la
Lista Marrón. Al mismo tiempo, estudiaba por las
noches en un bachillerato comercial, donde se
había integrado al Centro de Estudiantes.
José Kalauz recuerda que Mancini "tenia un
Falcon azulado, pues la fábrica era de la Ford y
a fin de año vendía los coches de los directivos
a los obreros, quienes para poder comprarlos
hacían horas extras. Mancini solía llevarnos en
su auto". En ese auto fue secuestrado, mientras
viajaba, en algún punto de los dos kilómetros
que separan a Empalme Villa Constitución de
Villa Constitución.
En ese auto lo encontró el odio de las bandas
terroristas que rasparon hasta el hueso la
región.
EL LEGAJO 1770 DE LA CONADEP El legajo 1770 de la Conadep reúne parte de
las denuncias registradas en Villa Constitución,
a partir de abril de 1975. Allí se registra el
asesinato del canillita Juan Carlos Ponce de
León, y el obrero portuario Adelaido Viribay, el
18 de abril; y el ataque a las columnas de
trabajadores en la movilización del día
siguiente, donde vehículos de la Unidad Regional
local y personas encapuchadas balearon la
movilización. El informe refleja los movimientos
de un helicóptero de la Policía Federal que
partía del helipuerto de Acíndar para controlar
las manifestaciones. Queda registrado también
que "la Policía Federal instaló un cuartel
dentro de Acíndar. En él funcionaban entre 60 y
70 efectivos que cumplían guardias durante todo
el día. En este cuartel se encontraba el oficial
principal Mujica (de la Policía Federal
montada), que recorría la ciudad en un auto
Peugeot 504, color natural, sin patente,
acompañado por efectivos de civil y por un
"operario de Acíndar" de apellido Ranure".
Ese cuartel, instalado en el albergue de
solteros de la firma, "era utilizado como centro
de detención y ámbito para interrogatorios por
la Policía Federal. Además, los efectivos
instalados dentro de Acíndar no tenían ningún
tipo de gastos, ya que la "fábrica" los proveía
de todo. El mismo testimonio señala también una
quinta (propiedad de Armando Ferrari), ubicada
en Ruta 177 y empalme Villa Constitución, donde
se reunían diariamente y de noche, directivos de
Acíndar y altos jefes de la Policía Federal",
reflejan los testimonios.
El documento relata casos de detenidos en
operativos de ruta en el tramo San Nicolás-Villa
Constitución, secuestrados y conducidos
encapuchados hasta el cuartel ubicado en Acíndar.
El operario de Acíndar, Raúl Antonio Ranure,
participaba de los "operativos nocturnos",
conduciendo un Ford Falcon rural, celeste
metalizado, sin patente, "que le había otorgado
Acíndar para movilizarse". Ranure "había nacido
el 16 de mayo de 1946, tenía libreta de
enrolamiento 6.142.543 y había ingresado en
Acíndar el 7 de marzo de 1970 con legajo 4591".
Uno de los testimonios reunidos por la Conadep
agregó "haber visto una credencial color verde
con la fotografía de Ranure que lo identificaba
como Servicio de Inteligencia de la Policía
Federal. Este era, justamente por haberse criado
en la ciudad, quien indicaba las casas de los
trabajadores que debían ser allanadas y aquellos
que tenían que ser secuestrados".
El Peugeot 504 conducido habitualmente por
Ranure y Mujica fue uno de los coches que
participó de los secuestros de Concepción De
Grandis, Carlos Ruesca y Julio Palacios. Ese
operativo fue perpetrado la Triple A, grupo que
"tenía su cuartel dentro de la jefatura de Villa
Constitución y la policía estaba subordinada a
ellos".
El comisario a cargo del Servicio de
Inteligencia perteneciente a la Jefatura de
Villa Constitución desde 1975 era Juan Carlos
Rampoldi, quien prestaba servicios en ese
momento a Acíndar, y continuó en esa actividad
por lo menos hasta febrero de 1984. Rampoldi
"tenía el organigrama completo de la planta y
almorzaba sistemáticamente con el directorio de
la empresa. Decidía y orientaba a los directivos
acerca de quién podía o no entrar a trabajar en
la misma".
SALTAR EL ALAMBRADO La violencia estatal y paraestatal
recrudece. José Bodrero consigna que "la derecha
fue quien planificó toda esta represión. La
derecha es gente capaz, inteligente y muy hija
de puta. Por ejemplo, se dieron cuenta acá en
Villa Constitución que lo primero que tenían que
hacer era apretarnos y ser muy duros con todos
los que no éramos obreros. Yo abogado, me dieron
con todo, es decir me amenazaron, me difamaron,
perdía clientes, me pusieron una bomba".
Como resultado de las amenazas y la bomba que le
pusieron en su propia casa, el gremio le
comunica que "no me podían cuidar y que era
conveniente que me quedara en mi casa", recuerda
el abogado. Al mismo tiempo su compañera,
Cristina Monterrubianesi, militante docente, es
encarcelada.
Roberto José "Pepe" Kalauz, que formó parte del
Comité de Lucha como delegado de Metcon, relata
que el conflicto registra dos etapas: "la
primera cuando se toman las fábricas a partir
del 20 de marzo, cuando entra el primer turno,
como reacción a la represión en las casas y el
encarcelamiento de los principales dirigentes.
La gente va a trabajar, pero no trabaja, de
hecho se ocupan las fábricas. No hubo huelga
previa. Se arman asambleas y se decide ocupar
las fábricas. Esto dura 15 días o más. Hay un
ultimátum para desalojarlas. Resistir o no
resistir. Si se habla de resistir era en serio.
Había una tradición en el movimiento obrero
metalúrgico, eran ocupaciones en serio, como la
del '74. Después se hace una evaluación de la
relación de fuerzas, se decide desalojar y
desarrollar una huelga prolongada en los
barrios. Esa es la segunda etapa de la huelga.
Primero la ocupación, luego la intimación, nos
vamos y comienza la huelga prolongada en los
barrios".
Kalauz afirma que una huelga de esas
características sólo puede sostenerse en el
tiempo "por la identificación de la gente con la
dirección sindical y su programa, con el que
habían ganado el sindicato, y el sentimiento de
tremenda injusticia que significaba esa masiva y
arbitraria detención. Fue una confrontación de
fuerzas, pero defensiva".
Y recuerda el paisaje del cobijo de toda una
ciudad con sus hombres: "ibas a la noche a la
casa de cualquier obrero, tocabas, decías quién
eras y te dejaban entrar, no prendían la luz y
te dejaban dormir. Si llegaba a venir alguien a
buscarte, pasabas a la casa de al lado, saltabas
el alambrado y la verdad que esa solidaridad no
la he visto en mi vida ni creo que lo volveré a
ver. Lo bien que te sentías de protegido cuando
vos llegabas a un barrio".
LOS EMPRESARIOS PAGAN LA REPRESIÓN Acíndar, como las grandes empresas de la
región, colaboró en esos días activamente con la
persecución de dirigentes y militantes gremiales
y políticos. Así lo confirma -entre otros
testimonios- el relato del ex-comisario de la
policía federal, Rodolfo Peregrino Fernández, en
su declaración ante la Comisión Argentina de
Derechos Humanos, en 1983, donde desnudó la
conformación y funcionamiento de la Triple A.
Fernández relató la represión ilegal en Villa
Constitución contra los trabajadores de Acíndar,
Metcon, Vilber y Marathon, como uno de los
principales hechos llevados a cabo por la banda
paramilitar. Agregó que el procedimiento fue
comandado por el comisario Antonio "Don Chicho"
Fischietti, quien había sido delegado de la
Federal en la provincia de Tucumán, describió
cómo se pagó dinero extra para generar las
detenciones y posteriores torturas en el
ex-albergue de solteros de la planta de Acíndar;
y consignó que "al frente de los efectivos
policiales regulares destinados en la zona
rotaron los oficiales Salas, (Juan Ramón)
Morales, (Jorge) Muñoz y otros".
"Las patronales de las industrias metalúrgicas
instaladas allí, en forma destacada el
presidente del directorio de Acíndar, ingeniero
Arturo Acevedo, establecieron una estrecha
vinculación con las fuerzas policiales mediante
pagos extraordinarios en dinero. Acíndar se
convirtió en una especie de fortaleza militar,
con cercos de alambres de púas. Los oficiales
policiales que custodiaban la fábrica se
alojaban en las casas reservadas para los
ejecutivos de la empresa...", señaló el
ex-comisario.
"El presidente de Metcon, por ejemplo, retribuía
con una paga extra de 150 dólares diarios al
oficial de policía que dirigía su custodia
personal, por un servicio de vigilancia no
superior a las seis horas de duración", recordó
Peregrino Fernández. Al mismo tiempo remarcó que
"Acíndar, pagaba a todo el personal policial
(jefes, suboficiales y tropa) un plus extra en
dinero, suplementario al propio plus que
percibían oficialmente los efectivos, tarea que
estaba a cargo del jefe de personal, Pedro
Aznáres, así como del jefe de relaciones
laborales, Roberto Pellegrini", indicó.
Roberto Pellegrini se desempeñaba como Jefe de
la División Personal de Acíndar; mientras que
Pedro Raúl Aznares era en rigor el Subgerente de
Relaciones Industriales de la firma, "un
intelectual católico que iba a ser alto
funcionario de Acíndar y uno de los que
fundamentaba ideológicamente la represión. No
estoy seguro de que haya participado
directamente en las torturas y ejecuciones pero
sí de que las planeaba y justificaba", recordó
Tito Martín.
Para Victorio Paulón, el dinero de las empresas
puestas al servicio de la represión revela la
relación profunda del poder económico y el
terrorismo de Estado: "No es complicidad, es
protagonismo. Los grupos concentrados, las
grandes empresas, son protagonistas de la
represión", asegura. Y remarca otro
protagonismo. El de los sectores ligados al
sindicalismo más rancio: "En Villa Constitución,
esa caravana que ocupa la ciudad por la vieja
ruta 9, tiene como protagonistas además de la
Federal y algunos integrantes de Prefectura, a
los militantes de la Juventud Sindical
Peronista, la JSP. Era el personal civil
encapuchado que fue el que llevó adelante la
mayoría de los allanamientos y llevó presos a
los compañeros, más de doscientos fueron
detenidos ese día. Y justamente, ese día, fueron
detenidos todos los delegados paritarios. El
mismo día que fue intervenido el sindicato de la
UOM en Villa Constitución y también la Fotia, de
Melitón Vázquez, los últimos dos baluartes del
sindicalismo combativo y clasista que se habían
formado en los años sesenta".
