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Por Ariel Palacios / 21 de Septiembre de 2012
CENTROS DE ESTUDIANTES EN SANTA FE
ESTOY VERDE: NO ME DEJAN SALIR
Las organizaciones de alumnos de los niveles
medio y terciario no sólo forman parte de la
historia política argentina, sino que en su
presente se cifran las claves de una democracia
por ampliar. En Santa Fe existe todavía una
deuda enorme, heredada de la última dictadura
militar, que prohibió el funcionamiento de los
Centros de Estudiantes. Entre la desidia y el
temor a la política concreta desde las aulas,
los gobiernos de la democracia mantuvieron esa
proscripción. En el mes de los lápices, una
crónica necesaria.
En el punto exacto en que el miedo a lo nuevo
hace esquina con el prejuicio, una sentencia de
hierro suele alzarse como una verdad a secas.
"La juventud está perdida", puede oírse, aunque
la realidad se encargue cotidianamente de poner
en discusión tan lapidaria frase.
Una postal que viene a contradecir la idea que
asocia a los jóvenes con el desinterés por los
proyectos colectivos, o que alerta sobre su
potencial peligrosidad, es la que nos remite al
compromiso político.
Al respecto, no son pocos los que afirman que a
partir de la primera década del siglo XXI, la
que marcó un cierto corte con los valores
ligados al individualismo y la apatía propios de
los años ’90, transitamos un camino en que
juventud y participación parecieran renovar sus
lazos. Desmedida o no, dicha opinión guarda una
cuota de incógnita a la que es preciso
acercarse, y a la que se hace necesario pensar
en función de lo que pasa en nuestra provincia.
Los modos de organización juvenil, su sustento
legal y sus aportes, tal vez puedan decirnos
algo más sobre el tema.
LIMBOS
Son organizaciones fundamentales si de hacer
valer derechos se trata. Pero en Santa Fe su
regulación es, para ser suaves, difusa. Son
organismos representativos de los jóvenes, a
partir de los cuales se generan múltiples
actividades, pero la democracia tiene una deuda
con ellos y, como apostilla, las comunidades no
suelen estar al corriente de lo que estas
agrupaciones promueven. Hablamos de los centros
de estudiantes secundarios y terciarios, de su
presente, de sus iniciativas y de la búsqueda de
normas que, de una vez por todas, los rescate
del limbo legal al que la última dictadura los
condenó, y que atenta contra sus posibilidades
de existencia y crecimiento.
Sabido es que durante décadas los centros de
estudiantes fueron fortaleciéndose, alcanzando
hacia las décadas de 1960 y 1970 un protagonismo
que el último régimen militar se empeñó en
borrar, prohibiciones mediante. Los lastres de
esa decisión marcaron asimismo la etapa
democrática iniciada en 1983, y en Santa Fe el
ejemplo es claro.
Hagamos un poco de historia.
LA APERTURA Y SUS LÍMITES
Con el gobierno constitucional encabezado a
nivel país por Raúl Alfonsín, las normativas que
regulaban la actividad estudiantil sufrieron
cambios. Eso es lo que se desprende de la
lectura de la Circular Nº 38 de la Dirección
Nacional de Educación Media y Superior, del 28
de marzo de 1984.
La misma señala en uno de sus puntos más
salientes: "Los Rectores o Directores
autorizarán el funcionamiento de asociaciones de
estudiantes, con el fin de procurar la formación
integral de los alumnos y su participación
cívico-democrática, y posibilitar en el marco
jurídico y disciplinario propio de la escuela
media, actividades curriculares y
extracurriculares de carácter cultural, social o
deportivo, que permitan el ejercicio de la
solidaridad, la convivencia, el respeto mutuo y
el accionar gradual protagónico y responsable
para el mejoramiento de las instituciones".
Por su parte, Santa Fe dio otro paso en 1988. El
14 de julio de aquel año la legislatura
provincial sancionó la ley 10.195, que en su
artículo primero "autoriza el funcionamiento de
Centros de Estudiantes en establecimientos de
nivel medio dependientes del Ministerio de
Educación de la Provincia".
Dicha norma venía a desactivar el decreto 817,
integrado al Anexo del Reglamento General para
las Escuelas de Enseñanza Media y de Educación
Técnica santafesinas, que desde las épocas del
régimen militar establecía que "los Directores,
al igual que los profesores y el personal
administrativo jerárquico del establecimiento,
no atenderán bajo ningún concepto
representaciones colectivas de los alumnos ni
por sí ni por los llamados centros o entidades
estudiantiles".
Si nos quedamos con estos datos, podríamos
concluir que las organizaciones de estudiantes
gozan desde los años ’80 de un amparo legal y
democrático pleno: Nación y provincia así lo
habrían determinado. Pero resulta ser que las
cuentas no están saldadas.
Veamos por qué.
LOS VIEJOS VINAGRES
Si, como recién señaláramos, en 1988 la buena
nueva fue que el poder legislativo de Santa Fe
habilitó el funcionamiento de los centros de
estudiantes, la contracara de la noticia fue un
"descuido" que, al parecer, y hasta hoy, nadie
se ha encargado de remediar: la ley no tuvo
reglamentación por parte del Ministerio de
Educación provincial.
Es decir: nunca pudo hacerse efectiva, y el
decreto de la época de la dictadura, el 817,
siguió su curso en períodos de vigencia de la
Constitución como si tal cosa.
A su vez, las escuelas nacionales tampoco
pudieron cobijarse mucho tiempo bajo el paraguas
legal de los primeros años de la democracia, ya
que en 1994 pasaron a la órbita provincial
merced a las políticas de achicamiento estatal
llevadas adelante por el menemismo. Por lo
tanto, las ex nacionales también quedaron bajo
el "escudo protector" del decreto 817, que
permite el agrupamiento de los alumnos en clubes
colegiales, una modalidad organizativa distinta,
tendiente a la colaboración escolar.
¿Cómo quedaría entonces la situación de los
centros de estudiantes al día de la fecha?
De hecho existen, pero su funcionamiento depende
de la decisión o no de las direcciones de las
escuelas. Dicho de otro modo: los centros no son
un derecho organizativo pleno que tienen los
estudiantes secundarios, sino que su existencia
está sujeta a la mayor o menor apertura de las
entidades educativas. Por ende, habitan ese
paisaje difuso en que se mezclan normativas
sancionadas por gobiernos ilegales, las
inquietudes o bien las clausuras
institucionales, las voces de los pibes y la
necesidad de ampliar cada vez más las reglas de
la democracia.
Igualmente, las noticias no terminan acá.
PROYECTO DE LEY
Eduardo Toniolli, diputado provincial por el PJ,
presentó ante la legislatura un proyecto de ley
a los fines de regular y promover plenamente la
organización de los centros de estudiantes
secundarios y terciarios en Santa Fe.
En palabras a los medios de comunicación,
Toniolli expresó que el proyecto apunta a
"garantizar el efectivo cumplimiento del derecho
de agremiación de los estudiantes, en organismos
integrados exclusivamente por quienes revisten
en el carácter de tales, sin injerencia de
directivos y sin que su constitución esté sujeta
a la voluntad de estos últimos".
La citada iniciativa insta al Ministerio de
Educación a repartir un ejemplar de la nueva
norma por estudiante durante los primeros
treinta días de cada ciclo lectivo, y a
garantizar la publicación de la misma en lugares
visibles en cada uno de los establecimientos de
la provincia, sean estos públicos o privados.
De concretarse, la ley vendría a saldar la
historia de deudas que hemos desmenuzado. En los
ámbitos educativos se está a la espera.
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Imagen: Archivo Postales
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