La Memoria exige Justicia y espera.
La Memoria sabe esperar.
Puede la injusticia expandirse como una proteica mancha de aceite –prepotente, impiadosa–, extenderse envuelta en mantos de impunidad, pero no puede evitar la mirada fija de quienes habitados por la Memoria saben esperar.
Cuando la Memoria dice 24 de Marzo, los que saben esperar, rechinan los dientes, aprietan las manos y marchan en caravana junto a los asesinados, los torturados, los perseguidos, los desaparecidos, presentes siempre en las alboradas bulliciosas y en las calladas penumbras de dolorosos anocheceres donde la ausencia es un filo helado que no enjuga las lágrimas.
Tiempo de ausencia que comenzó antes del 24 de marzo de 1976 con los crímenes perpetrados por los integrantes de la Triple A, fuerza clandestina formada durante el período constitucional del cual fue presidenta María Estela Martínez de Perón.
Los grupos facciosos que partían del ministerio de Bienestar Social ganaron las calles y las rutas del país para asesinar a militantes sociales enfrentados al gobierno por disentir con sus principios ideológicos, concepciones políticas y programas económicos.
En autos sin identificación, con rostros encubiertos, los integrantes de la Triple A actuaban, fundamentalmente, de noche porque su macabra tarea necesitaba la complicidad de la oscuridad y del silencio. La tragedia estallaba en minutos. Gritos, sangre y muerte.
Los reclamos se multiplicaban porque era un período constitucional y se suponía que las instituciones de la Nación funcionaban de acuerdo con las normas legales. Pero eran vanas las presentaciones. El Estado protegía a los asesinos. La impunidad era total.
La dictadura militar del 76 legitimó las aberrantes acciones de la Triple A que no siguió operando porque las FFAA y las policías de todas las jurisdicciones, acompañadas por los cuerpos paramilitares y parapoliciales, continuaron cometiendo los mismos actos pero sin necesidad de esperar hasta el crepúsculo para tener habilitada las calles, que supieron de dolor y muerte.
A plena luz del día y a cara descubierta produjeron la mayor masacre del país. Los 30.000 desaparecidos constituyen la mayor evidencia.
Para hacer posible esa cacería humana la dictadura supeditó la Constitución Nacional a las Actas del Proceso Militar, destituyó autoridades, inhabilitó los partidos políticos, intervino la Universidad, desarticuló la actividad gremial, prohibió el ejercicio de todo derecho civil y estableció un cerrojo a la actividad cultural.
Los responsables del nefasto período militar se fueron en diciembre de 1983 al asumir las autoridades elegidas de acuerdo con el articulado de la Constitución Nacional, pero muchos aspectos de la ideología y de las prácticas que definieron aquel tiempo de horror se mantuvieron en el país y tienen vigencia en la provincia de Santa Fe, pese a declaración de encumbrados funcionarios que ayer y hoy se comprometen desde la palabra y después no pueden o no quieren limitar la violencia policial.
En el mensaje del gobernador electo, José María Vernet, pronunciado el 11 de diciembre de 1983, ante la Legislatura Provincial expresó: “...En cuanto a la policía la cuestión principal reside en devolver a la institución su verdadera función, cual es la de velar por la seguridad y protección del ciudadano y ser la depositaria monolítica de la fuerza pública. La distorsión de la fuerza ha quebrantado el orden jerárquico, ha alterado la estructura del mando y limitado la jerarquía de la misión que le encomienda la sociedad...”
Días después, el 15 de diciembre, asumió sus funciones el nuevo Jefe de Policía de la provincia, Inspector General (R) Jorge Argentino Barrionuevo. Finalizó diciendo: “...Trataremos de que la policía vuelva a sus cauces normales, o sea para lo que fue creada, una policía de prevención al servicio de la población”.
Veinte años han transcurrido y hoy sabemos que el servicio preventivo ofrecido por la policía ha sido muy limitado y, por el contrario, la represión caracterizó su presencia en la sociedad.
Las víctimas de gatillo fácil que hubo desde 1983 hasta hoy ubican a la provincia de Santa Fe en el segundo lugar entre los estados provinciales en los que más crímenes se han cometido.
También sabemos que en Santa Fe las víctimas: menores, adolescentes y jóvenes, provienen todos –sin excepción– de los sectores más carenciados desde los cuales es muy dificultoso –casi imposible– obtener respaldos sociales que permitan asegurar un tratamiento judicial adecuado e imparcial. Como por este motivo son muy pocos los uniformados condenados, podemos decir que la policía aplica la pena de muerte con total impunidad.
Los asesinatos cometidos por la policía de Rosario y Villa Gobernador Gálvez en diciembre de 2001 no produjeron la condena de ningún efectivo, ni la de los jefes operativos responsables del comportamiento de la fuerza, pese a constatarse en sede judicial que todas las víctimas fueron muertas por balas disparadas por la policía.
Por otra parte el juez Roberto Reyes, de Santa Fe, determinó falta de mérito a favor de Lorenzo Domínguez, ministro de Gobierno, y de Enrique Álvarez, secretario de Seguridad Pública, por la represión de diciembre. El gobernador Reutemann –máximo responsable de los asesinatos– no fue citado en ninguna instancia judicial para responder por los crímenes ocurridos en el territorio provincial.
El marco del espanto y de la impunidad exhibe, orgullosamente, el retrato de Carlos Alberto Reutemann.
En la saga del inmaculado ex mandatario inscribe sus primeros pasos el gobernador Jorge Obeid.
Las principales designaciones en la provincia no pueden ser más alarmantes.
Leyla Perazzo, funcionaria de carrera, creía en la época del proceso militar que los niños entregados a ella por sus compañeros de servicio eran “abandonados y desamparados”. Nunca se enteró que sus compañeros habían fusilado a los padres de los niños.
Brillante antecedente para que Obeid la designe en el cargo que ejerce.
Jorge Pallavidini proclamó la vigencia de la Tolerancia Cero en una reunión de prensa, en su condición de jefe de Policía de la URI (ciudad de Santa Fe), horas después que el policía Jorge Pablo Silva asesinara de un balazo en la nuca al adolescente Diego Acosta de 15 años, el 20 de julio de 1999.
Las declaraciones de Pallavidini fueron tan graves que el entonces ministro de Gobierno, Roberto Rosua, tuvo que desautorizarlo y asegurar que la Tolerancia Cero no tenía vigencia.
Como este hecho ocurrió durante el mandato anterior del actual gobernador, es posible suponer que las heroicas palabras del jefe policial “se ha llegado a la Tolerancia Cero” sean para Obeid un antecedente ampliamente habilitante para el nuevo cargo.
El 19 de diciembre de 2001 había muchos chicos en la escuela Serrano ubicada en Barrio Las Flores. En las calles de las proximidades se vivía intensa agitación en el marco de las protestas populares de esa jornada.
Como era audible el sonido de las balas Pocho Lepratti subió al techo de la escuela –en cuya cocina trabajaba– para pedir a los policías que no disparasen sus armas porque había chicos comiendo.
La respuesta fue un balazo en el cuello que le costó la vida.
El comisario Manuel Maldonado, jefe de la sección Judiciales, inició una causa contra Lepratti por resistencia a la autoridad.
Pocho está muerto y Maldonado es el jefe actual de la policía de Rosario.
El gobierno nacional está elaborando una política de derechos humanos, aparentemente, respetuosa de las víctimas.
Los encumbrados funcionarios policiales designados por Obeid están vinculados, por sus acciones anteriores, a los victimarios.
Como con ellos se llega a este 24 de Marzo, la tragedia del ’76 nos golpea en la cara.
La Memoria, que vive en el pueblo, construye espacios de dignidad y sabe esperar.
Esperará hasta que no existan estrellas de lata dorada que agravien y ofendan.
Niños, mujeres y hombres marchan por los caminos de la Memoria.

Responsables Por disposición de la Directiva N° 1/75 del Consejo de Defensa fue el Ejército, desde octubre de 1975, el "responsable primario" en la represión. La llamada "Misión del Ejército", a su vez, fue impuesta por la Directiva del Comandante General del Ejército Nº 404/75: "Operar ofensivamente contra la subversión en el ámbito de su jurisdicción y fuera de ella en apoyo de las otras Fuerzas Armadas, para detectar y aniquilar las organizaciones subversivas". Se estableció una "división territorial del país en Zonas, Subzonas y Áreas". La denominada Zona II, a cargo del Comando del 2º Cuerpo de Ejército, con asiento en Rosario, comprendió las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. Los máximos responsables de dicha Zona fueron los Comandantes del 2º Cuerpo de Ejército. Pasaron por ese puesto: el General Ramón Genaro Díaz Bessone (desde setiembre 1975); el General Leopoldo Fortunato Galtieri (desde octubre 1976); el General Luciano Adolfo Jáuregui (desde febrero1979) y el General Juan Carlos Trimarco (desde diciembre 1980). Fuente: Memoria Debida. José Luis D'Andrea

 

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